La diputada del Partido Popular de Melilla en el Congreso de los Diputados, Sofía Acedo, ha desgranado las seis propuestas que ha realizado su formación de cara a la modificación de la Ley de Extranjería que el Ejecutivo de la Nación pretende llevar a cabo. Entiende que si no se tienen en cuenta de nada servirá modificar la norma. Además, exige que este asunto sea abordado en la Conferencia de Presidentes “porque afecta al Gobierno de España y a los Gobiernos autonómicos”.
En cuanto a las propuestas en sí, el PP solicita al Ejecutivo de Sánchez que declare la emergencia migratoria nacional para que todas las comunidades autónomas puedan contar con los recursos necesarios ante la llegada de migrantes irregulares que se prevé. Se pide también al Estado que diseñe y presente un plan de política migratoria que implique un mayor control de las fronteras marítimas y terrestres.
Revisar los acuerdos con terceros países para que la entrada en España por vía irregular deje de ser la tónica habitual “como está sucediendo” y que se ejecuten los expedientes de expulsión son otras de las peticiones del PP, formación que también demanda que se impulsen los mecanismos europeos correspondientes para implicar a la Unión Europea en este fenómeno migratorio que está sufriendo nuestro país.
Además de pedir que los menores “sean indubitados”, el PP asegura que es partidario de crear una “memoria económica” y de habilitar un fondo de contingencia para hacer frente a la presión migratoria, un fondo, explica Acedo, “que sea plurianual hasta la emancipación del menor”. También sería conveniente, señala, que se garantizara la financiación de los menores que ya han sido acogidos por las comunidades autónomas. Entiende que los recursos de estas “no son ilimitados y que el Gobierno “debe financiar todo lo extra que pretende imponer.” “Si no, será una falsa solidaridad y no será efectiva”, añade.
Los populares proponen que el reparto de los menores se realice cuando se supere el 150 por ciento de las capacidades de cada territorio “habilitando los medios para llevar a cabo la gestión directa” por parte del Estado. Además, entiende que debe haber garantías de que el reparto de menores se realice en todas las comunidades autónomas, “sin exclusión”.
