Operación policial desarrollada en Melilla que ha comenzado a primera hora de la mañana en el Palacio de la Asamblea con la entrada de varios agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional con requerimiento judicial. Aunque la investigación se encuentra bajo secreto de sumario, dirigida por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº2 de Melilla, exigencias ordenados en el marco de la investigación sobre la presunta compra de votos en las elecciones autonómicas del 28 de mayo.
El presidente de la Ciudad en funciones ha firmado un decreto que se ha remitido a todas las áreas del Gobierno local y a las sociedades públicas para atender el documento judicial.
Se ha solicitado a todas las personas a las que se le ha dado traslado este escrito que se mantenga la estricta confidencialidad para “evitar cualquier perjuicio” en las pesquisas judiciales que se están llevando a cabo y sobre las que De Castro ha mostrado su absoluta colaboración para que se esclarezca la situación que, determina, “no es un tabardillo” y no es la primera vez que ocurre en dependencias municipales.
Niega que el despacho de Presidencia haya sido registrado, desconoce si los agentes de la Policía Nacional han inspeccionado otras instalaciones de la Ciudad Autónoma y, aunque le “gustaría poder dar más detalles del operativo”, no ha querido aclarar si uno de los requerimientos instados por el juzgado ha sido la suspensión de los pagos de la Administración local, tal y como ha avanzado COPE Melilla.
Considera “lamentable” que se haya producido esta situación bajo su mandato, porque “desde el primer día” ha tratado de hacer todo lo posible para garantizar la fiscalización de todo el gasto público, pero critica no haber tenido “margen de acción” en este Gobierno de coalición con otros dos partidos. Entiende que “siempre se puede hacer algo más” para garantizar la transparencia como haber realizado “una auditoría en condiciones”, haber puesto en funcionamiento la Oficina Antifraude y Anticorrupción “que no se quiso dotar de presupuesto ni de personal” o haber nombrado un funcionario nacional al frente de la Intervención General y la Tesorería de la Ciudad Autónoma.
Se muestra “defraudado y frustrado” porque cree que han existido cosas en una legislatura “bastante convulsa por circunstancias externas e internas” y lamenta que estos “últimos acontecimiento hayan desdibujado lo que se ha conseguido”. Concluye que todo ha influido en el resultado electoral del pasado 28 de mayo con una mayoría absoluta para el Partido Popular (PP) en unas circunstancias “excepcionales”, no sólo por este asunto, sino por el gran porcentaje de abstención registrado.
