El Sindicato Independiente de Melilla (SIM) ya ha remitido escritos oficiales al Gobierno de la Ciudad pidiendo una reunión “para dar una respuesta a los muchos temas que siguen en el aire y que siguen sin solucionarse”, pero sí le consta que la Administración local “le ha puesto las pilas” a Sureste Seguridad pero, matiza Francis Aguilera, no en favor de los trabajadores, “sino de exigencias en la prestación de servicios”.
En La Mañana de COPE expone que, como la concesionaria de la seguridad privada de las dependencias municipales de la Ciudad Autónoma, lo que se quiere hacer llegar a la nueva corporación es que “tiene contratada a una empresa que comete infinidad de ilegalidades”, para exponer “cuál es la situación y la precariedad de los trabajadores”.
Aunque entiende “que esto acaba de empezar”, el coordinador de seguridad privada de SIM apunta que será en septiembre cuando se traslade cuál es la situación de los vigilantes en la Plaza de Armas “y donde la zona de descanso es el baño de caballeros” o en los parques públicos, “con casetas que no se acondicionan desde diciembre de 2017”. A todo esto añade Francis Aguilera la situación de los aseos del Parque Lobera y la falta de un servicio de limpieza.
Sanciones de la Inspección de Trabajo
En todo caso, desde el Sindicato Independiente de Melilla (SIM) se reitera la petición de que el Gobierno del Partido Popular (PP) rescinda el contrato con Sureste Seguridad “ante los numerosos incumplimientos de contrato con los que cuenta en estos cinco años en los que lleva implantada en Melilla”. Recuerda que la empresa acumula muchas sanciones de la Inspección de Trabajo por “incumplimientos continuados” del convenio colectivo y del Estatuto de los Trabajadores, además de con numerosas sentencias condenatorias en los juzgados en materia laboral.
De igual modo, recuerda que la empresa murciana sigue sin abonar el 8 por ciento del salario base a los trabajadores en concepto de complemento de Bonificación a la Seguridad Social “del que está disfrutando” y que viene recogido en el pliego de condiciones del contrato en vigor y que, matiza, debería estar abonando a los vigilantes de seguridad que realizan servicios en las dependencias municipales desde septiembre de 2021.