Se aprueba por mayoría absoluta el Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) con abstenciones de CpM y PSOE.
Todas las formaciones han coincidido en la importancia del servicio y el reconocimiento a los profesionales que lo efectúan. CpM, PSOE y Somos Melilla han lamentado la falta de tiempo con la que el Gobierno ha llevado el expediente a comisión.
La diputada de CpM, Cecilia González, apunta que «con el interés que tiene la oposición de examinar los pliegos» no han dispuesto del tiempo necesario para examinarlo en profundidad ni aportar sus propias iniciativas, responsabilizando de esto directamente a la consejera de Políticas Sociales, Randa Mohamed.
González denuncia la “falta de diligencia en los expedientes” que hace correr el riesgo de la pérdida de crédito “para un servicio tan esencial” y el “hurto del derecho a la información” al no cumplir con la celebración de una reunión ordinaria mensual.
Francisca García Maeso, en representación del grupo socialista, cuestiona a Randa Mohamed la falta de reuniones de su consejería con las familias y trabajadores que van a disfrutar y efectuar el servicio. En esta línea, la socialista achaca la abstención de su partido a la “falta de consenso social”.
García Maeso condena que dichos pliegos se hayan efectuado sin tener en cuenta las reivindicaciones que se expondrán en la negociación colectiva del 2026/27, lo que asegura que puede ocasionar un futuro problema con los trabajadores y la empresa adjudicataria.
El líder de Somos Melilla también se ha mostrado crítico contra la “urgencia” del expediente, que imposibilita el derecho a disponer de “un tiempo razonable” para el estudio de mismo. Insiste sobre las consecuencias que acarrea “hacer contratos de espaldas a los beneficiarios”, y expone como ejemplo lo sucedido con el contrato de vigilancia privada tras quedar este desierto, afirma Amín Azmani, por “deficiencias considerables”.
Azmani ha ensalzado la importancia del servicio por lo que ha aportado una serie de modificaciones para su mejora, como la inclusión de dispositivos de monitoreo o un servicio de acompañamiento especializado para personas con alzheimer.
La consejera de Políticas Sociales, Randa Mohamed, ha explicado que la urgencia del expediente se ha debido a la delegación de competencias, que caducaba el 11 de octubre de 2023. La dirigente popular asegura que la delegación de competencias tiene que venir “suficientemente financiada”, algo que según Mohamed no ha ocurrido, por lo que el Gobierno ha debido de efectuar una gran cantidad de trámites para gestionar el expediente.
La consejera señala que la mejora del contrato “es brutal”, del que concreta que se ha duplicado la inversión, así como el número de horas y servicios que ofrecen. Además, advierte de la posibilidad de una prórroga en el caso de que los pliegos no se cumpliesen.
