El Boletín de Defensa ha publicado la Orden Ministerial que establece las nuevas plantillas de militares de tropa y marinería (cabos mayores, cabo 1º y cabos) para el período 2025-2029. En uno de sus anexos se detalla la plantilla correspondiente al personal con una relación de carácter permanente.
ATME, mediante nota de prensa, consisera que «del contenido del documento puede deducirse que, en el futuro próximo, el número de plazas destinadas a acceder a esta relación de servicios podrá sufrir una disminución.».
Y añade que «esto contrasta con las convocatorias realizadas entre 2021 y 2024, cuando se ofertaban alrededor de 1.000 plazas anuales. Esta reducción podría estar motivada por el convencimiento del Ministerio de Defensa de que las plantillas ‘permanentes’ han alcanzado su máxima cobertura».
La asociación considera que el número exacto de plazas anuales que se convocarán sigue siendo incierto. «Además, del aumento anual previsto en la plantilla, habrá que tener en cuenta las plazas que queden vacantes por bajas en el servicio activo durante el citado periodo».
En el proyecto de Real Decreto para 2025, que regula la provisión de plazas para las Fuerzas Armadas y la escala de oficiales de la Guardia Civil, se mantiene el cupo de 1.000 plazas; «sin embargo, puede preverse que, especialmente a partir de las convocatorias de 2027 y 2028, la reducción de plazas pueda ser significativa» asevera.
Y cree que «esta disminución supondrá un duro revés para las expectativas de miles de militares de tropa y marinería temporales que aspiran a una relación de servicios permanentes».
La Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) vuelve a reclamar un cambio estructural. Insiste en la necesidad de abandonar los “parches milagrosos” y trabajar en la aprobación de una Ley Integral de la Carrera Militar.
Esta nueva normativa debería unificar las legislaciones existentes, ofrecer un modelo de carrera atractivo para los militares de tropa y marinería, eliminar la temporalidad y actualizar los salarios, «poniendo fin a la condición de estos profesionales como los peor remunerados de la administración pública».
