CpM exige explicaciones al Gobierno local sobre la aplicación del Plan Integral de la Ciudad Autónoma, el gasto en la bonificación del precio del billete para los no residentes, los problemas en el suministro de agua y las infraestructuras comprometidas para esta legislatura.
Comisión de seguimiento del Plan Integral
Emilio Guerra insiste en que los planes desarrollados por el Gobierno local y estatal durante la legislatura anterior son “totalmente compatibles” y que se sitúan como un pilar fundamental para las inversiones de presente y futuro. Por este motivo, el diputado de Coalición por Melilla ha exigido que se convoque la comisión de seguimiento y que se coordine con la Oficina Técnica del Plan Estratégico el elaborado por el Ministerio de Política Territorial.
El consejero Daniel Conesa señala que la hoja de ruta para Melilla será “el programa electoral más votado” que ha sido el del Partido Popular en el que se prevén muchas medidas contempladas en ambos documentos.
Bonos turísticos a largo plazo
Dunia Almansouri cree que la partida de cinco millones de euros empleada para los bonos turísticos para no residentes para poder bonificar hasta un 75% el precio del billete de barco y avión pretende que lleguen a la ciudad 6.600 turistas antes de que finalice el año aplicando un cálculo aproximado, una cifra que, según sus palabras, no es realista y ajustada, cuando no se han realizado campañas de publicidad a nivel nacional e internacional.
Lamenta la diputada de CpM que esto no puede ser “una medida continuista” a largo plazo porque solo persigue “engordar las cuentas de determinadas empresas” dedicadas a este sector y “muy cercanas a este Gobierno”.
Miguel Marín no comprende la crítica de la bancada de CpM cuando, en años anteriores, la gestión de este programa ha sido “desastrosa, dejando sin bonos a la ciudad en pleno verano cuando más afluencia de turistas” se espera. El objetivo que se marca el presidente del Patronato de Turismo es que las empresas del sector “sobrevivan y generen empleo”.
Compromisos en la gestión del agua
Por su parte, Rachid Bussian lamenta que, a pesar del anuncio público que realizó Manuel Ángel Quevedo sobre la mejora de la calidad del agua a partir del 25 de octubre garantizando una mayor cantidad para el suministro, los cortes sigan siendo un problema que tiene que sufrir la población. Habla de la necesidad de alcanzar un consenso en este aspecto porque la población está “harta” y solicita la creación de una comisión con todos los agentes implicados para coordinar los esfuerzos en la materia.
José Ronda recuerda que, durante la rueda de prensa y la Comisión de Medio Ambiente en la que el exconsejero expuso las fechas para los importantes cambios en el suministro de agua, se recalcó la necesidad de mantener “una postura prudente” porque era un asunto de “gran complejidad” que podría presentar “dificultades” y que todo estaba supeditado a lo comunicado por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.
Construcción de infraestructuras
Bussian tampoco comprende por qué la Ciudad Autónoma ha cambiado los lugares en los que se había proyectado la construcción de un vivero de empresas de base tecnológica, una residencia de estudiantes y un nuevo hotel. Se refiere a la “competencia desleal” que supone contar con inversión pública para el inicio de las obras de una infraestructura hotelera junto a otra que se encuentra en el solar colindante y expresa su negativa a que el antiguo Puesto de Socorro pueda ser la ubicación “más idónea” para la implantación de empresas digitales.
Coincide con que el impulso de esta industria en la ciudad puede suponer un importante cambio en el modelo económico y, precisamente por este motivo, es un lugar muy “limitante” para convertir “a la tecnología en un pilar fundamental”.
Marín recuerda que las tres grandes inversiones planteadas en el discurso de investidura son “eficientes y productivas” y pone sobre la mesa el “despilfarro” de dinero público que ha supuesto la reconversión del Fuerte de Rostrogordo en un centro de menores, la Plaza de Toros en un espacio para atender inmigrantes durante la pandemia o las obras de emergencia en la playa de Horcas Coloradas.
Aplicar por la Interculturalidad
Finalmente, Emilio Guerra y Fadela Mohatar (PP) han coincidido en el impulso que necesita el Pacto por la Interculturalidad para fomentar “el diálogo entre religiones”. La popular ha insistido en que la ofensa a una da las confesiones religiosas “es también una ofensa al resto” y sugiere no participar en las “manifestaciones públicas en las que Melilla haga de caja de resonancia de conflictos identitarios”.
