La Asamblea de Melilla ha aprobado esta mañana el contrato de transporte público urbano, un contrato que saldrá a licitación por 6,7 millones de euros y un plazo de ejecución de dos más dos. Aunque este punto del orden del día ha salido adelante con los votos a favor del Grupo Popular, tanto CpM, como PSOE y Somos Melilla lamentan lo “poco ambicioso” que ha sido el Gobierno local y le afean que se haya perdido una oportunidad para cambiar realmente este servicio.
El diputado de CpM, Rachid Bussian, critica que este contrato haya sido elaborado sin tener en cuenta a la oposición y a los agentes sociales. Además, asegura que hay “un primer informe jurídico” que advierte de que en este expediente hay “muchas cuestiones que debían ser corregidas y aclaradas para que se ajustara a derecho”.
Bussian, para quien este contrato “está cojo”, teme que el proceso de adjudicación quede desierto, como ya ha ocurrido con otras convocatorias, al entender que los pliegos no son lo suficientemente atractivos, ya que recogen “unas condiciones prácticamente impuestas” que va a limitar la presentación de ofertas por parte de las empresas que puedan estar interesadas en prestar este servicio.
El Grupo Socialista también ha mostrado su rechazo ante el contrato elaborado por la Ciudad. Rafael Robles apunta que los pliegos no tienen en cuenta la legislación vigente y de obligado cumplimiento, refiriéndose a la Ley de Cambio Climático y a la Ley de Accesibilidad, por ejemplo. Critica que se dé la espalda al colectivo de personas con discapacidad y que no se incluyan paradas y rutas tan básicas como la del Puerto o Aeropuerto.
El diputado de Somos Melilla, Amín Azmani, se ha pronunciado en la misma línea que el resto de las formaciones, asegurando que el actual es un modelo “obsoleto, deficitario y costoso”, de ahí la necesidad de darle una vuelta. Condena que se hayan elaborado unos pliegos sin haber realizado previamente un estudio de las necesidades de los melillenses y que haya puntos de la ciudad donde este servicio de transporte no llegue.
Azmani ha dejado abierta la posibilidad de municipalizar este servicio, tal y como ocurre en otras comunidades autónomas, y ha destacado las ventajas que ello conlleva, sobre todo, en lo que a ahorro de dinero público se refiere.
