En el último acto público como presidente de la Ciudad, Eduardo de Castro ha criticado duramente las agresiones y robos que han sufrido varios trabajadores de Correos en el transcurso del reparto de la documentación electoral, ha culpado a los editores de los medios de comunicación de “estar trabajando para el PP” y apunta que los miembros de la Policía Local se han dejado engañar por el anterior Gobierno de Juan José Imbroda.
De Castro considera que es “totalmente demencial” que en Melilla se vivan este tipo de “episodios” cada vez que se produce una consulta electoral, actitudes que ha tachado de “mafiosas” y que “están fuera de un estado democrático” y apuesta por un cambio legislativo que endurezca los casos en los que se justifica la utilización del voto por correo.
Señala que esto ocurre en Melilla porque se trata de un territorio “singular” y cree que son situaciones que “dicen muy poco en favor de los partidos políticos”. Recuerda que dos partidos- Coalición por Melilla y el Partido Socialista- han sido procesados por un delito electoral y que el PP también ha estado inmerso en una investigación al respecto.
Asimismo, ha responsabilizado a los editores de los medios de comunicación de la ciudad de trabajar para el Partido Popular y, en este sentido, no comprende por qué no se le dio la importancia que cree que debería haber tenido la firma de un protocolo “muy importante para la ciudad” y que supone la oficina que se abrirá para contar con una representación en Europa”.
Finalmente, ha respondido a las quejas que han mostrado los agentes de la Policía Local que se han concentrado en las puertas del Palacio de la Asamblea durante las tres últimas semanas. El presidente, como competente en material de Seguridad Ciudadana, tilda como “una trampa” el acuerdo que el Partido Popular alcanzó con el cuerpo local de policía a escasos días de las elecciones de 2019. Determina que se han aplicado todos los puntos que se incluían en el documento, salvo la subida de sueldos que, dice, “no está cubierta legalmente” tras haber consultado a la Abogacía del Estado y concluye De Castro que “no piensa prevaricar por nadie”.
