La Policía Nacional ha detenido a tres personas (un empresario y dos empleados) y ha imputado a un cuarto por explotación laboral de ciudadanos extranjeros. Las víctimas eran un tunecino interno del CETI y varios marroquíes del colectivo que se encuentra en Melilla por el cierre fronterizo. Uno de ellos llegando incluso a sufrir un grave accidente laboral.
La investigación desarrollada por la Unidad Contra las Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF), con la participación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, comprobó que al menos cinco ciudadanos extranjeros en situación irregular en el país y sin permiso de trabajo prestaban servicios para una empresa de bricolaje y que, al menos, otras dos personas en situación regular estaban trabajando sin dar de alta en la Seguridad Social.
Según las víctimas, las jornadas laborales se extendían once horas al día con un descanso de 20 minutos y una remuneración de 20 euros por cada montaje de mueble. Debido a su situación administrativa irregular, tenían restringidos todos los derechos laborales en cuento a jornada y salario mínimo interprofesional, sin derecho a pagas extraordinarias, vacaciones o permisos.
Uno de los trabajadores ilegales sufrió un accidente laboral durante el montaje de una cocina en un domicilio particular que requirió de intervención quirúrgica y que le ha dejado graves secuelas en un brazo. Según la Policía, la explotación laboral de esta víctima era especialmente reprochable a los detenidos, ya que sabían que de sus ingresos dependía una familia de ocho miembros en Marruecos. Los explotadores se desentendieron del accidentado intentando que no fuera vinculado con la empresa, llegando incluso a coaccionarle con llamadas telefónicas, visitas y seguimientos para que desistiera de la denuncia que había interpuesto contra ellos.
