La consejera Dunia Almansouri ha respondido este miércoles al análisis “poco riguroso” realizado por la senadora Sofía Acedo al acusar al Gobierno que preside Eduardo de Castro y, en concreto, a Coalición por Melilla (CpM) de querer acabar con la identidad, cultura y tradiciones de la ciudad. Subraya que “la única cultura que ha venido a cambiar CpM es la cultura de la corrupción que ha dejado el Gobierno del Partido Popular”.
Con respecto al local del Cargadero del Mineral ocupado por la Asociación de Veteranos de la Guardia Civil, explica que el Gobierno del PP ha estado «durante años» pagando del orden de 140.000 euros anuales «por unos locales que cedía como una especie de subvención encubierta». Asegura que no sólo se pagaba alquiler «para determinadas entidades, la mayoría sin ningún interés general», sino que, además, con dinero público se pagaba el consumo de agua y la tasa de ocupación de las terrazas.
La decisión adoptada para solucionar esta «chapuza administrativa» ha sido ponerse en contacto con las entidades que ocupan locales del Cargadero del Mineral para comunicarles que a fecha 31 de diciembre la Administración local dejará de pagar el alquiler. Esta medida no afectará a TEAMA o a la Asociación Celíaca de Melilla, a las que se les incluirá el concepto de alquiler en la subvención anual.
Por lo pronto, ya hay dos locales sobre los que el Gobierno de Eduardo de Castro ha dejado de pagar el alquiler: uno porque en septiembre vencía el contrato con la Autoridad Portuaria «y, lógicamente, no se ha renovado esa cesión en precario» y un segundo que se ha tenido que desalojar «prematuramente» porque lo necesitaba el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa).
Sede de ‘Los Medios’ en la Plaza de Toros
Aclarando que, en este caso, sí existía «un documento de cesión, un contrato entre la Autoridad Portuaria y la Ciudad Autónoma», cuestión distinta es lo que ha girado en torno a la sede de la Asociación Taurina ‘Los Medios’ en la Plaza de Toros. Negando que se tratase de «un lugar emblemático de esparcimiento», tal y como defendió la senadora Sofía Acedo, defiende que estamos hablando de un local «que no cumplía con ninguna exigencia legal y del que incluso podríamos hablar de una desviación de fondos públicos, porque no se pagaba alquiler, luz ni agua».
Señala Dunia Almansouri que, en primer lugar, «a la persona que explota este bar» se le pide el documento que acredite «por qué este señor está ahí». Según sus palabras, lo que enseña es una foto del periódico en la que aparece junto a Juan José Imbroda «y dice que ese es su contrato».
Continúa la consejera explicando que lo que desencadena la orden de desalojo es un informe del área de establecimientos en el que se expone que este local está creando un problema de seguridad «porque está invadiendo salidas de emergencia».
Dice que el consejero de Medio Ambiente le hace llegar el proyecto ideado para la Plaza de Toros, donde, al parecer, se van a construir locales en su zona exterior y le ofrece la posibilidad de hacerse con uno de esos locales una vez finalicen las obras, «pero, lógicamente, con toda la documentación en regla y cumpliendo con todas las exigencias que establece la ley». Lo que sí ha dejado claro es que este espacio se va a cerrar por esas obras, no para ampliar el espacio destinado a los inmigrantes acogidos por la Ciudad Autónoma.