Melilla ha estado representada en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) por la consejera de Hacienda, Empleo y Comercio, reunión en la que ha planteado que se incorporen al sistema de financiación autonómica todos los fondos que la Ciudad Autónoma recibe actualmente en virtud de los convenios derivados de las competencias asumidas por parte de la Administración local.
Explica Dunia Almansouri que lo que se ha propuesto es que esos fondos se reciban “de forma estructural” y no como subvenciones nominativas, “ya que se corre el riesgo de que no se cobren por la no aprobación de los Presupuestos del Estado, tal y como ha ocurrido en 2019”. De igual modo, se pide al Ministerio de Hacienda que “se tenga en cuenta la no recepción de ese dinero” y que en la elaboración del nuevo presupuesto “podamos vernos compensados de alguna manera por esas cantidades económicas no recibidas”. “Lo que a Melilla le ha supuesto la no aprobación de los Presupuestos del Estado es que no recibe el dinero de unos convenios que, en las cuentas públicas de la Ciudad Autónoma, pueden alcanzar el cinco por ciento”, indica.
Dunia Almansouri ha aprovechado la reunión convocada por la ministra María Jesús Montero en Madrid y a la que también ha acudido la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, para “poner en valor” cuál es la situación “actual” de Melilla, “que ha registrado un incremento de población, que sufre la mayor tasa de desempleo juvenil de toda la Unión Europea, además de altos índices de pobreza”. Apunta que puso encima de la mesa “los grandes problemas” que para los comerciantes de Melilla ha acarreado el cierre de la aduana comercial por parte de Marruecos, además del “importante” aumento del número de menores tutelados por la Ciudad Autónoma. A este respecto, señala que en 2009, “cuando se aprobó el anterior sistema de financiación autonómica”, en Melilla había de orden de 200 menores “y, en la actualidad, tenemos alrededor de 1.200, aunque las cifras oscilan”.
Principio de solidaridad y equilibrio entre territorios
“Todas estas cuestiones las hemos puesto en valor. Hemos explicado la situación de Melilla a grandes rasgos”, apostilla la consejera, quien incluso ha hablado en esta reunión de “la soledad que, en determinados momentos, puede sentir Melilla y sus ciudadanos”. Matiza que ya no es tan sólo por su situación geográfica “y por una insularidad que ya tenemos reconocida”, sino por “esa lejanía que notamos en torno a la sensibilidad por los problemas de nuestra ciudad”. A este respecto, aclara que “aunque entendemos que somos una ciudad pequeña, no por eso podemos estar abandonados por parte de los distintos gobiernos”.
En esta línea, la consejera de Hacienda, Empleo y Comercio apunta que una segunda propuesta que ha planteado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera está encaminada a “garantizar derechos constitucionales”. Basándonos en el principio de solidaridad “y con el objetivo de alcanzar y dar cumplimiento a derechos constitucionales tan básicos como la educación, el empleo o la vivienda”, lo que traslada el Gobierno de Melilla es que, “de alguna manera”, se equilibren los índices de desigualdad que se registran en todas las autonomías “y, de esta manera en los desequilibrios estemos todos, al menos, en la media nacional”. De esta forma, remarca, se podría alcanzar una mayor igualdad entre todos los españoles.
Así las cosas, Dunia Almansouri ha expresado la “máxima colaboración” a la ministra de Hacienda y ya avanza que el Gobierno de Melilla “no tendrá ningún inconveniente” en apoyar el nuevo sistema de financiación económica siempre y cuando las demandas planteadas se vean satisfechas “y comprobemos que, mínimamente, se tiene en cuenta a la ciudad de Melilla tanto en las peticiones realizadas como en otras que puedan surgir a lo largo de ese proceso de negociación”. El fin último, concluye, es contar con un sistema “que apueste por un equilibrio entre los territorios”.
Déficit autonómico del 0,2% del PIB
El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) aprobó este viernes el objetivo de déficit autonómico en el 0,2 % del PIB para 2020 con el voto favorable del Ministerio de Hacienda y de las comunidades autónomas gobernadas por el PSOE, mientras que se han opuesto las seis lideradas por el PP.
La meta ha quedado aprobada con once votos a favor, los de Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, La Rioja, Comunidad Valenciana, Melilla y el Ministerio de Hacienda, todas comunidades en las que gobierna el PSOE, ya sea en coalición o en solitario, salvo Cantabria.
La relajación del objetivo de déficit en dos décimas para 2020, frente al equilibrio presupuestario que estaba vigente, ha sido una de las contrapartidas que Hacienda ha ofrecido a las autonomías para compensar que no se va a reintegrar el IVA de un mes de 2017 que quedó sin ingresar por un cambio en la gestión del impuesto. El Gobierno no ve posible ingresar ese dinero con el ejercicio 2019 ya finalizado, ya que la financiación autonómica se liquida a dos años y la de 2017 se cerró el año pasado.