El consejero de Deportes confía en que la Piscina Municipal vuelva a abrir sus puertas a finales de enero. Insiste Rachid Bussian que el Gobierno que preside Eduardo de Castro se “encontró” unas instalaciones “en las que se vendía una reestructuración importante y realmente apenas era más que regular la temperatura prácticamente de la zona de baño”.
Tal y como ya ha apuntado en anteriores ocasiones, asegura que en estas instalaciones ha habido que arreglar importantes desperfectos, “con todo tipo de fugas y con un tubo de acero inoxidable con restos de ácido sulfúrico”. Unas reparaciones que han supuesto un desembolso de, aproximadamente, 200.000 euros “y, por el momento, la empresa no quiere saber nada de este asunto, por lo que le hemos retenido el aval”. No obstante, confía en que en las próximas semanas se pueda llegar a un acuerdo “para poder compensar todo ese gasto público”.
Impago de las nóminas
Con respecto a la situación de los trabajadores de la Piscina Municipal, confirma que se reunió con ellos hace dos semanas y que en ese momento aún no habían denunciado en los juzgados los meses de impago de sus nóminas por parte de una empresa “que actualmente está embargada”.
Explica el consejero de Deportes que se trata de un embargo que desde la Tesorería de la Ciudad Autónoma se está ejecutando para el cobro de las facturas, “que se deriva automáticamente a la Agencia Tributaria”. Remarca que “son los trabajadores los que tienen que reclamar a la autoridad judicial el abono de las nóminas” que, por otra parte, se pusieron en manos de un sindicato “que le había pedido un dinero para iniciar ese proceso, el de solicitar el pago de las nóminas porque la Agencia Tributaria embarga las facturas que el Ayuntamiento abona a la empresa”.
Añade que la empresa tiene abierto un expediente de resolución de contrato “que tiene que resolver el tribunal de recursos contractuales”, algo que no es tan sencillo por los plazos que supone, “ya que, normalmente, suele resolver en unos seis meses”. Adelanta que, “en cuanto se pueda resolver ese contrato, la Administración local montará un contrato puente para que entre una empresa más solvente”.
