Será en febrero, una vez se lleve a Pleno la aprobación inicial de los Presupuestos de la Ciudad de 2020, cuando se convocará la Comisión de Infraestructuras y Urbanismo para iniciar el proceso de revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). El consejero Rachid Bussian ha confirmado que se ha incluido un presupuesto de 240.000 euros al “recalcular” el trabajo desarrollado hasta el momento por la empresa adjudicataria, ubicada en Alicante. La idea es, una vez se convoque esa primera comisión, no superar los doce meses “para tener aprobado definitivamente el PGOU”.
Tal y como le ha planteado a los partidos de la oposición, entiende Bussian que hay que saber si se van a convocar sesiones monográficas “en las que las preguntas, las alegaciones y las suspicacias van a ser constantes” o si, por el contrario, “tendrán un aspecto más general”. Así, el objetivo es que Melilla tenga “unos nuevos presupuestos en 2021 con un nuevo Plan General de Ordenación Urbana”. Redactado en, aproximadamente, un 60 por ciento el nuevo documento, recuerda el consejero que en la revisión del plan actual se convocaron del orden de 33 comisiones “que, por momentos, fueron un suplicio a la hora de resolver las alegaciones, por lo que intentaremos que el proceso sea lo más ameno posible a partir de febrero”.
Explica que, “de hecho”, la situación actual obliga a que para la promoción de viviendas de nueva construcción en zonas próximas al Río de Oro o a la Pista de Carros hay que hacer modificaciones puntuales del actual plan “y eso está llevando un tiempo similar a la aprobación definitive del nuevo PGOU”.
Proceso de regularización de viviendas
Por otra parte, el consejero de Infraestructuras, Urbanismo y Deportes confirma que “es objetivo del Gobierno y del PGOU” la regularización de las viviendas de los barrios de la periferia. Remarcando que “en gran parte, el suelo sobre el que están construídas en los barrios de Reina Regente y la Cañada ya es propiedad de la Ciudad Autónoma”, Rachid Bussian defiende que “sí o sí” el Gobierno de Melilla “tiene que ser valiente” y plantear a los vecinos unos planes de regularización “que vayan en consonancia con la normativa vigente”.
Apunta que el anterior Gobierno del Partido Popular (PP) había elaborado “una especie de plan parcial” en el que se reflejaba que por esta situación se veían afectadas del orden de 30 o 40 viviendas a las que el Ejecutivo que preside Eduardo de Castro quiere dar “una solución habitacional”.
Reconoce el consejero que muchos vecinos estarán a favor de esta medida y que muchos otros “no tanto”, por lo que apuesta por “conjugar esas sensibilidades” y, sobre todo, por explicar cómo adquirir ese suelo, “porque sería bueno e interesante para muchas de esas familias el hecho de que puedan tener una propiedad e incluso como propia herencia para sus descendientes”. “Creo incluso que esas familias van a salir ganando con el paso de los años. Territorialmente hablando, no podemos hacer un espacio de apátridas y, además, esa medida supondrá para la Ciudad Autónoma un incremento en la recaudación”, determina.
