El Consejo de Gobierno acuerda la personación de la Ciudad Autónoma como acusación particular en las diligencias judiciales que se están desarrollando en el marco de la Operación Santiago-Rusadir por el “presunto daño” que se haya podido ocasionar con la supuesta utilización fondos públicos y que, según el auto judicial, se habrían podido utilizar para “la compra de votos y pervertir el resultado de las elecciones locales”.
Daniel Conesa considera que se están investigando unos delitos que tienen una “gravedad enorme” y que podrían suponer “un importante perjuicio al dinero de todos”.
Explica que, desde el Gobierno local, se quiere respetar la presunción de inocencia de las personas implicadas en este proceso, pero reconoce el derecho de la Administración local a “valorar las graves acusaciones” que se realizan sobre Coalición por Melilla y que se podrán analizar pormenorizadamente en el momento en el que se tenga acceso al sumario del caso. Una presunción de inocencia que, recuerda Conesa, no tuvo la capacidad de respetar CpM en “otras épocas” en las que los miembros del Partido Popular se vieron inmersos en procedimientos que, finalmente, quedaron archivados.
Por su parte, el presidente de la Ciudad ha respondido a las afirmaciones del diputado socialista, Rafael Robles, quien ayer señalaba que la implicación de la Administración local como acusación podría ser un posible caso de “lawfare”.
Juan José Imbroda cree que “ha visto muchas películas americanas” y que tiene “un cinismo impresionante” porque debería mantener la cabeza escondida después de que el PSOE haya estado “permitiendo hasta el último minuto” que ocurrieran las cuestiones que ahora son objeto de una investigación judicial.
Insiste en que debería tener “un poquito de humildad” y comenzar a realizar una labor de autocrítica para salir públicamente pidiendo perdón por “haber consentido, dejado o no haber visto” todo lo que estaba sucediendo en el seno del Gobierno del que formaba parte durante la anterior legislatura.
