El Consejo de Gobierno acuerda incrementar los controles sobre determinados contratos menores de obras antes de proceder al pago para comprobar que el expediente y la ejecución cumplen con todos los procedimientos ajustados a la ley.
Determina Daniel Conesa que, en su mayoría, son proyectos enmarcados en los presupuestos participativos y adjudicados a empresas que están implicadas en la investigación del caso por la presunta compra de votos que ha afectado a las últimas elecciones municipales y que se encuentra bajo secreto de sumario. Se trata de una propuesta que el pasado 11 de agosto se acordó en el seno del Ejecutivo local y que hoy, fuera del orden del día, se ha definido que será el personal público y cualificado, ya sean ingenieros o arquitectos, el que realizará estas comprobaciones.
Corresponde con la “sospecha” que el Partido Popular levantó estando en la oposición ante la “promiscuidad” del Gobierno anterior para adjudicar contratos menores para servicios y obras que han sido objeto de numerosas críticas. Se trata de un procedimiento que se iniciará en la mayor brevedad posible e intentando acortar los plazos al máximo para no perjudicar a ningún empresario que, habiendo realizado todos los procedimientos correctamente, deba recibir la cantidad presupuestaria comprometida.
Con este sistema de control, apunta Conesa que la Administración local quiere dar una “garantía adicional” para confirmar que “lo que se hizo se hizo bien”.
Recuerda el consejero de Hacienda que la Ciudad Autónoma dispone de un auto judicial que fue comunicado al expresidente Eduardo de Castro en el que se procedía al bloqueo de determinados pagos a empresas que están relacionadas con estos contratos menores de obras.
