El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha encargado a Anticorrupción que asuma el caso de la presunta trama de compra de voto «a gran escala» en Melilla debido a «su gravedad y trascendencia desde el punto de vista social y político, dada la pretensión de alterar la libre manifestación de la voluntad popular» en las elecciones del próximo domingo.
Así consta en un decreto en el que el jefe del Ministerio Público explica que se dan los requisitos establecidos en la ley para que esta Fiscalía Especial asuma el caso. Se apunta también de una cuestión de coherencia interna, ya que el caso de Mojácar (Almería) está en manos del fiscal delegado de Anticorrupción. En Melilla, al no existir esta figura delegada, era la Fiscalía ordinaria quien había entrado en la causa.
El decreto detalla que las pesquisas realizadas hasta ahora por la Policía Nacional «han puesto de manifiesto la existencia de una operación a gran escala de compra de votos, mediante la que se abonaban entre 100 y 50 euros a un importante número de ciudadanos alterando la mecánica legalmente establecida del voto por correo».
Precisa que «esta operación delictiva dio comienzo el 4 de abril, a raíz de la publicación en el BOE de la convocatoria electoral, y habría sido llevada a cabo, según las averiguaciones practicadas, por varios individuos afines o relacionados con el partido político Coalición por Melilla» que conformarían una estructura “organizada, con planificación previa y concertada” y la compra de votos se estaría financiando además con parte de los fondos obtenidos por empresas y particulares relacionadas “con el partido político indicado” en licitaciones públicas, convenios, contratos y subvenciones que se habrían adjudicado durante la última legislatura en la ciudad autónoma». Todo, apunta, podría ser constitutivo de delitos electorales pero también de malversación, prevaricación, cohecho y falsedad documental.
