No se ha pronunciado el fiscal general del Estado sobre la decisión de encargar a Anticorrupción que asumiese el caso de la presunta trama de compra de votos «a gran escala» en Melilla debido a «su gravedad y trascendencia desde el punto de vista social y político, dada la pretensión de alterar la libre manifestación de la voluntad popular» en las elecciones autonómicas del pasado 28 de mayo. Dice Álvaro García Ortiz que «es un deber» mantener la discreción en «los asuntos que están bajo la lupa judicial», pero indica que la decisión de obligar a presentar la identificación personal en el momento de emitir el voto por correo «es el ejemplo de que las instituciones y los sistemas de control funcionan». Subraya que el de España «es un muy buen sistema electoral».
Operación «a gran escala de compra de votos»
Fue el 26 de mayo cuando salió a la luz un decreto en el que el jefe del Ministerio Público explicaba que se dan los requisitos establecidos en la ley para que esta Fiscalía Especial asuma el caso y en el que se detallaba que las pesquisas realizadas hasta el momento por la Policía Nacional «han puesto de manifiesto la existencia de una operación a gran escala de compra de votos, mediante la que se abonaban entre 100 y 50 euros a un importante número de ciudadanos alterando la mecánica legalmente establecida del voto por correo».
Precisaba que «esta operación delictiva dio comienzo el 4 de abril, a raíz de la publicación en el BOE de la convocatoria electoral, y habría sido llevada a cabo, según las averiguaciones practicadas, por varios individuos afines o relacionados con el partido político Coalición por Melilla» que conformarían una estructura «organizada, con planificación previa y concertada» y la compra de votos se estaría financiando además con parte de los fondos obtenidos por empresas y particulares relacionadas «con el partido político indicado en licitaciones públicas, convenios, contratos y subvenciones que se habrían adjudicado durante la última legislatura en la ciudad autónoma». Todo, apunta, podría ser constitutivo de delitos electorales, pero también de malversación, prevaricación, cohecho y falsedad documental.
