El Gobierno ha elegido ya a la instructora encargada de abrir expediente sancionador a la empresa Alvalop, que desde hace meses adeuda dinero a los trabajadores de los centros socioeducativos (ludotecas).
Así lo ha anunciado la portavoz del Ejecutivo, quien ha añadido que el Gobierno quiere saber “hasta qué punto” Alvalop está incumpliendo con sus obligaciones, en tanto es la adjudicataria del servicio de ludotecas por un montante “importante”. Fadela Mohatar reconoce la preocupación que existe en el Ejecutivo por la situación de las familias afectadas, si bien insiste en recordar que la empresa debe ser solvente y pagar a los trabajadores, con independencia de lo que la Ciudad le adeude.
Mohatar ha explicado que la instructora, una funcionaria de la Ciudad, que cuenta además con el apoyo de un técnico, tiene a su disposición toda la documentación para empezar a trabajar.
En función de lo que dictamine la instructora en el expediente sancionador, el Gobierno decidirá si Alvalop puede o no concurrir a nuevos contratos con la Administración.
Preguntada si cabe la posibilidad de que el Ejecutivo rescinda el contrato de Alvalop con la Consejería de Políticas Sociales en torno a las ludotecas, Mohatar ha insistido en que hay que dejar trabajar a la instructora antes de tomar decisión alguna.
Además de reprochar al Gobierno anterior que no dejara listo el contrato mayor de las ludotecas, Mohatar ha reconocido que la Ciudad tiene facturas que pagar a Alvalop que se quedaron “no cubiertas por un contrato”. Por eso, desde la Consejería se ha iniciado una “responsabilidad contractual”, es decir, un “reconocimiento de la deuda”, que no ha cuantificado, para reconocer la deuda y pagar a la empresa.
No obstante, insiste en que la empresa, que ha concurrido a un concurso público, debe tener la solvencia económica necesaria para responder a sus trabajadores.
(Imagen de archivo)
