El Consejo de Gobierno ha dado cuenta de un mandato judicial que obliga a la Ciudad Autónoma a abonar seis millones de euros a Arquisocial por facturas impagadas desde 2021.
Fadela Mohatar ha mostrado su preocupación por esta situación provocada por “una gestión mal hecha y perniciosa para los bolsillos de los melillenses” del gobierno anterior.
Lamenta la inacción y la “negligencia” en manos de los gestores durante la última legislatura, que comenzó con la finalización del último contrato para la explotación del centro de menores de la Purísima en 2021 y que se extiende hasta la actualidad. La portavoz del Gobierno local ha anunciado que la consejería competente ya ha avanzado en la redacción de un nuevo contrato para cubrir correctamente este servicio.
Recuerda la popular que en el año 2020 se produjo “uno de los principales cismas entre el Partido Socialista y Coalición por Melilla” por este asunto. Mientras que CpM llevaba meses denunciando en la oposición la gestión de Arquisocial, PSOE defendía una prórroga del contrato por no poder cumplir los plazos para poder iniciar una nueva licitación. Un asunto que, finalmente, fue favorable para los socialistas porque contaron con el apoyo de los diputados del PP en la Comisión de Bienestar Social.
A pesar de disponer un año para poder realizar unas “bases solventes”, desde 2021 “se ha estado concatenando contratos de emergencia”, generando un “auténtico desaguisado”, con facturas impagadas que se remontan desde los últimos meses de 2019 y que ahora debe resolver el nuevo gobierno.
