CSIF critica que la Delegación del Gobierno y la Jefatura Superior de la Policía no hayan hecho público el auto del juzgado de Instrucción número 4 de Melilla que ha procedido al sobreseimiento de la causa seguida contra un agente de la Policía Local y un funcionario de cuerpos generales, ambos destinados a la Oficina de Expedición de DNI y Pasaporte.
Raúl Rosa, responsable del sector Administración General del Estado y miembro de la Junta de Personal, reprocha a ambos organismos que no se hayan dado la misma prisa en “limpiar el nombre de estos funcionarios” que en informar de su detención.
Según el sindicalista, ambos funcionarios fueron acusados de delitos de malversación de caudales públicos, estafa, falsedad documental y fraude y exacciones ilegales en base al atestado elaborado por la División de Documentación, Sección Operativa de Seguridad Documental de la Policía. Fueron suspendidos cautelarmente de empleo y sueldo durante más de un año, medida que ya ha sido levantada.
El auto del magistrado, señala Rosa, deja en evidencia el atestado elaborado por la Policía Nacional al considerar que las acusaciones se basaron en “diligencias de investigación poco concretas y serias”, y obviando las “especiales peculiaridades de la ciudad de Melilla”.
