El Pleno de la Asamblea ha aprobado la modificación de la plantilla de personal eventual de la Ciudad Autónoma con el voto a favor del Partido Popular (PP) y en contra del resto de grupos parlamentarios.
Se trata de una medida que permite al Gobierno local ampliar el personal de confianza hasta llegar a los 25 asesores -cinco más que los que había en la última legislatura- y que ha generado mucha controversia y crispación en los partidos de la oposición.
Dunia Almansouri critica que este incremento supondrá un gasto de 500.000 euros anuales y considera que el informe de necesidad elaborado para justificar la decisión “está mal redactado porque se tendría que haber modificado el Estatuto de Autonomía para contratar más personal”.
Gloria Rojas admite que la “forma” en la que se organiza el personal eventual es “una cuestión política” y destaca que ampliarlo a 25 “no es ilegal” porque es el tope que marca la ley. Aun así, la portavoz del PSOE muestra su disconformidad y tacha de “inmoral” la decisión, sobre todo, dice, “después de las críticas de los populares” al anterior Ejecutivo.
Por su parte, José Miguel Tasende (VOX) no comprende cómo se defiende la necesidad de “aumentar los puestos de confianza” cuando no se han incrementado las competencias autonómicas. Cree que la gestión de las diferentes consejerías está “mal planteada” porque lo propio “sería reducir el número de empleados en vez de ampliarlo”.
Amin Azmani ha propuesto constituir un Consejo Asesor de Presidencia con el fin de evitar el aumento de personal eventual “con sueldazos”. Explica el portavoz del Grupo Mixto que el Gobierno local podría contar con el asesoramiento de un grupo de melillenses “dispuestos” a ayudar y a contribuir en asuntos locales. De esta forma, detalla, no se destinarían más de nueve millones de euros a “personas de confianza”.
La consejera Marta Fernández de Castro ha intervenido para recalcar que “solo se están contratando a cinco personas” y que es una decisión totalmente necesaria porque las “grandes áreas” requieren profesionales “con experiencia en las distintas materias”. Asegura que la media supondrá un gasto de 370.000 euros al año, algo que garantizará que la Administración “coja impulso y empiece a funcionar”.
Por último, el presidente Juan José Imbroda ha resaltado que lo aprobado es consecuencia del “desastre financiero” del Gobierno presidido por Eduardo de Castro. Asegura que la Administración está “desmantelada” y que su equipo trabaja para “levantar la ciudad”.
