El Partido Popular ha pedido hoy al Gobierno que retire del orden del día del pleno de mañana el punto relativo a la prórroga del contrato de explotación del vertedero controlado de residuos sólidos inertes al considerar que al votar este punto los diputados podrían incurrir en un posible delito de prevaricación y malversación de fondos públicos. La formación avanza que realizará una advertencia de ilegalidad si se somete el punto a votación y avisa al Ejecutivo con antelación para no llegar a esta situación.
Manuel Ángel Quevedo asegura que bajo la apariencia de una prórroga, se quiere aprobar una modificación del contrato de 2010 y una indemnización a la empresa adjudicataria, algo que el PP considera “infundada e inventada por la Consejería de Medio Ambiente”.
El diputado de la oposición ha recordado que el contrato finalizó el pasado 6 de abril y que desde entonces la empresa sigue prestando y cobrando el servicio. Quevedo asegura que este asunto pasó por comisión el 19 de mayo y que desde entonces el Gobierno local ha tenido seis plenos para llevarlo. Si no lo ha hecho, dice, es “porque saben que está mal y ahora lo llevan porque les quema en las manos”.
Según el popular, lo que se quiere hacer es que los diputados, como órgano máximo de contratación mayor de la Asamblea, aprueben una interpretación de un pliego y un contrato de hace diez años, lo que puede dar lugar a un posible delito de prevaricación administrativa. El principal partido de la oposición solicitará que se deje el asunto sobre la mesa y se busque otra fórmula “menos comprometida para los diputados”.
