El Partido Popular (PP) de Melilla ha convocado esta mañana un acto junto al monolito de la Constitución para leer su manifiesto contra la Ley Celaá, “una ley educativa que se concibe contra el derecho y libertad de las familias y contra el patrimonio lingüístico de la población española”. Un acto que comenzaba guardando un minuto de silencio en memoria de las 36 vidas que el COVID-19 se ha llevado en Melilla desde el inicio de la pandemia.
Ha sido la diputada Isabel Moreno la encargada de dar lectura a un manifiesto con el que el PP de Melilla manifiesta su “oposición firme y rotunda” a esa nueva ley educativa, “absolutamente sectaria, gestada sin diálogo ni consenso alguno”. Se subraya que se trata de la única norma educativa de la historia del país que ha dejado fuera de su debate a la comunidad educativa.
Manifiesto del Partido Popular de Melilla contra la Ley Celaá
#StopLeyCelaá
Desde el Partido Popular de Melilla manifestamos nuestra oposición firme y rotunda a la nueva ley educativa, la Ley Orgánica de Educación (LOMLOE), conocida popularmente como ‘Ley Celaá’.
Una ley absolutamente sectaria, gestada sin dialogo, ni consenso alguno. Se trata de la única norma educativa de la historia de nuestro país que ha dejado fuera de su debate a la comunidad educativa.
Una ley cargada de un profundo radicalismo ideológico, cuyo objetivo es desterrar el castellano como lengua vehicular, la exclusión y discriminación de la educación concertada y especial y la vulneración flagrante de la libertad de elección por parte de los padres, de la libertad de enseñanza y de la libertad religiosa.
La Ley Celaá constituye un ataque intolerable a la convivencia entre los centros públicos y la educación concertada y la educación especial; es una inasumible mordaza a la pluralidad, un proyecto que suprime la cultura del esfuerzo, de la calidad, de la excelencia, del espíritu de superación y de la resiliencia, dado que permite pasar de curso sin límite de suspensos. Un proyecto que despoja de toda autoridad al profesorado, que politiza la inspección educativa, que liquida la vertebración del sistema, la igualdad de oportunidades en beneficio de un falso igualitarismo que no es, sino, la antesala de la mediocridad.
Nos hallamos ante una ley que además de vulnerar, a todas luces, la Constitución Española, resulta insuficiente para alcanzar los retos y desafíos que deben afrontar las nuevas generaciones, condenando al alumnado a la mediocridad más desoladora, todo ello en un mercado cada día más competitivo y exigente, que rivaliza con un sistema educativo ideologizado, obsoleto y poco flexible, que no permite su homologación al resto de sistemas educativos de los países de nuestro entorno, colocando a la juventud española en una situación de inferioridad y desventaja.
Lamentablemente, esta ley se origina como fruto de la máxima indignidad moral del gobierno de la nación, llevando a cabo espurias cesiones a los partidos independentistas, quienes sólo buscan debilitar las instituciones españolas, perjudicando e hipotecando a todos los españoles.
¿Es este el precio que debemos pagar para garantizar la gobernabilidad de este infame gobierno, sostenido por una “mayoría Frankenstein”, que es capaz de pactar con quienes buscan denostar, desintegrar y acabar con la unidad territorial de nuestro país, e incluso y para mayor vergüenza, con los herederos de ETA, que persisten en no condenar los atentados terroristas y continúan fría e indignamente sin pedir perdón a las víctimas? ¿Es este el precio que debemos pagar? No, no tenemos por qué.
Ante esta inusitada e insostenible situación, desde el Partido Popular nos oponemos frontalmente, con todas nuestras fuerzas y con todas las armas que nos ofrece nuestro Estado de derecho, defendiendo la libertad en su sentido más amplio, porque defender la libertad, es garantizar la calidad y garantizar la calidad, es proteger al más débil.
La educación es un derecho fundamental, un elemento de vital importancia para el desarrollo integral de las futuras generaciones, por lo que una política educativa que aglutine un amplio consenso social es esencial para trazar la senda de nuestro presente y futuro como nación.
En consecuencia, reivindicamos la necesidad de un gran Pacto de Estado Constitucional por la Educación que siembre los pilares esenciales para ofrecer una educación moderna, abierta, libre y de calidad, poniendo el acento en nuestra juventud, de modo que puedan equipararse y competir en igualdad de condiciones al resto de jóvenes europeos.
Este pacto sería sinónimo y garantía de la calidad de la enseñanza pública, la libertad de elección de educación concertada, diferenciada y especial, la ponderación justa y equitativa del mérito y el esfuerzo, la apuesta por la excelencia y, elementalmente, el castellano como lengua vehicular y oficial del Estado. La lengua de Cervantes, Echegaray o Vargas Llosa. Nuestra lengua.
Nos comprometemos a velar por los intereses de todos los españoles, de todos los melillenses, a fin de poder retomar y reconducir las políticas educativas por la senda constitucional, por la senda del diálogo y del consenso.
Por ello, estamos incursos en diversas iniciativas tales como: la presentación de numerosas enmiendas y mociones, la puesta a disposición de la ciudadanía de mesas informativas y plataformas de recogida de firmas, realización de reuniones sectoriales, comisiones especiales, y la interposición de recurso de inconstitucionalidad ante el máximo garante de la constitucionalidad de nuestro país, el Tribunal Constitucional.
En definitiva, llegaremos hasta donde sea necesario en pro de la libertad y de la educación, por ser de justicia, por ser un derecho fundamental inherente a nuestra sociedad y a nuestra juventud.
Por todos ellos, #STOPLEYCELAA
