El portavoz del Grupo Popular en la Asamblea, Miguel Marín, ha instado al presidente de la Ciudad y al Consejo de Gobierno a que adopten las medidas legales pertinentes para dar cumplimiento a la prórroga del contrato mandatada por la Comisión de Bienestar Social, según el acuerdo del 13 de noviembre.
El popular advierte de las responsabilidades penales, administrativas y patrimoniales que podrían derivarse de esta actuación si no se firma la prórroga, responsabilidades que, sin duda, dice, “alcanzarían al presidente y al resto de miembros del Consejo de Gobierno que, siendo conocedores de la flagrante ilegalidad anunciada, no adopten las medidas correspondientes para evitarla”.
El Grupo Popular apunta que su formación ha tenido constancia de un escrito remitido por el actual consejero de Distritos a la empresa encargada de este servicio comunicándole su decisión personal de no llevar a cabo la prórroga aprobada en Comisión. Marín señala que este documento “carece de la más mínima validez legal dado que no cumple con ninguno de los requisitos exigidos por las normas de aplicación”.
También se condena que la consejera de Hacienda haya asegurado ante los medios de comunicación que, por parte del Ejecutivo local, no existe intención de prorrogar el contrato referido, “incumpliéndose gravísimamente, señala, el mandato imperativo de la Comisión permanente de Bienestar Social.
