A iniciativa de los senadores Juan José Imbroda y Sofía Acedo, el Grupo Parlamentario Popular (PP) propone que la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones apruebe una moción en la que se insta al Gobierno de Pedro Sánchez a «desalojar, de inmediato», el CETI de Melilla y los inmigrantes sean trasladados a otros centros de acogida de la península en tanto se tramitan sus procedimientos de expulsión a sus países de origen o tránsito, “liberándose espacios dentro del propio CETI para alojar a los inmigrantes contagiados de coronavirus y los que se encuentren en cuarentena por ser contactos directos”. De este modo, se apunta en el texto, se garantizaría el cumplimiento de las medidas de salud pública impuestas a la población.
Asimismo, se solicita que se impida la apertura de la Ciudad del Fútbol de Altos del Real, “ubicada en uno de los barrios más poblados de Melilla cerca de centros educativos, zonas residenciales y espacios públicos”, para alojar a inmigrantes con COVID-19. Además, el Partido Popular (PP) requiere al Ejecutivo central que se haga cargo económicamente “de todos los fondos que han sido destinados a la atención y acogida de inmigrantes por parte de la Ciudad Autónoma de Melilla, detrayéndoselo del presupuesto de los melillenses en un momento de necesidad extrema como el actual, siendo competencia del Gobierno de España”.
Por último, en la moción en cuestión se pide que la Administración central asuma su responsabilidad en materia migratoria y ponga en funcionamiento la colaboración y cooperación con terceros países para el control de los flujos migratorios, “dotada con muchos millones de euros provenientes de España y Europa y que, en circunstancias de crisis como la actual, deberían ser más efectivos aún”.
Adoptar «medidas contundentes»
En la exposición de motivos se destaca que, además de los miles de muertos y la saturación de los centros hospitalarios de todo el país, la crisis sanitaria del COVID-19 “también ha puesto de manifiesto la deficiente gestión del Gobierno de España en cuestiones vitales estrechamente ligadas a la propagación de la pandemia, tales como la ausencia de medidas concretas para prevenir la posible llegada masiva de inmigración irregular, por entradas no habilitadas a tal efecto, y, en su caso, atajarla”.
Se señala que, “como consecuencia de la más absoluta imprevisión por parte del Gobierno de España”, Melilla -“una ciudad con 12 kilómetros cuadrados, 90.000 habitantes y espacios absolutamente limitados como consecuencia de la alta densidad de población para el cumplimiento de las medidas de distancia interpersonal y de seguridad”- cuenta con un Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes que ha llegado a acoger a hasta 1.354 personas en plena pandemia del coronavirus, una situación “especialmente preocupante y alarmante” que desde el Partido Popular (PP) se puso en conocimiento de los ministerios implicados “y se obvió”.
“Lejos de adoptar medidas contundentes para atajar la situación de descontrol que se está produciendo”, el CETI de Melilla sigue registrando una ocupación que dobla su capacidad, “alojando a 1.321 inmigrantes en unas instalaciones originariamente para acoger, de manera temporal, a 480 personas y, tras algunas ampliaciones, a un máximo de 700”. Además, se matiza que por el propio régimen de acogida del CETI “los inmigrantes pueden salir, entrar, deambular por la ciudad sin ningún tipo de limitación y sin conocimiento por parte del resto de melillenses si se encuentran en situación de contagio activo o en contacto directo con positivos por COVID-19, ya que tampoco se hacían las pruebas PCR o test rápidos para determinarlo”.
Una realidad que, se determina, ha derivado en un “descontrol absoluto” con un brote de 84 casos activos por COVID-19 en el CETI y 400 contactos directos y posible contagiados, “quedando patente que en ningún momento hubo control y posibilidad de cumplimiento alguno de las medidas higiénico-sanitarias y de salud pública para el control de la pandemia”.
