El PP le reprocha al Ejecutivo tripartito que todavía no haya pasado por la Comisión de Presidencia el expediente del contrato para la vigilancia de las dependencias municipales. Manuel Ángel Quevedo, que puntualiza que fue el grupo popular el que detectó una serie de defectos “importantes e insalvables”, se pregunta cómo piensa el Ejecutivo garantizar la prestación de este servicio cuando ya no es posible prorrogarlo “de forma forzosa”.
El vicesecretario de Infraestructuras, Proyectos y Política Medioambiental del PP ha explicado que, según la Ley de Contratos del Sector Público, la Ciudad no puede obligar a la empresa a que continúe prestando el servicio si la licitación no se ha publicado antes del 30 de agosto y si no se han dado una serie de “acontecimientos imprevisibles” en el proceso de adjudicación que haya llevado a la Administración a no poder firmar el contrato. Quevedo insiste en que no se han respetado los plazos.
La posibilidad que se abre ahora es llegar a un acuerdo con la empresa, pero Quevedo entiende que esta actuación “legalmente es discutible” y podría hacer que la Ciudad tuviera que pagar una importante indemnización a la empresa. A juicio de Quevedo, se ha llegado a esta situación “por dejadez”.
Quevedo no ha pasado por alto tampoco el hecho de que, de este contrato, que tiene un coste anual de 5,5 millones de euros y una duración de 2 años (prorrogables a otros dos años más) viven más de 160 familias melillenses.
El popular confía en que está vez el expediente que se presente no tenga errores porque eso supondría demorar todavía más la contratación del servicio de vigilancia. Entre los “defectos” observados en el primer documento, se contemplan errores aritméticos en la computación de las horas, no haber reflejado el 50 por ciento en la reducción de los costes de la Seguridad Social o el no incluir el plus que le corresponde a los trabajadores de esta bonificación.
