El Tribunal de Cuentas ha abierto diligencias para investigar “posibles irregularidades” en cuatro contratos de emergencia que se licitaron sin publicidad durante el periodo de pandemia y que corresponden a las áreas de Salud Pública y Distritos del Gobierno local anterior.
Daniel Conesa ha explicado que en un auto emitido por esta institución judicial se ha solicitado la intervención de un delegado instructor para poder determinar si existen posibles responsabilidades económicas por parte de los representantes políticos que habrían efectuado las contrataciones.
Concretamente se centra en la gestión del Laboratorio Covid por valor de 296.000 euros, la compra de 20.000 test por algo más de 123.000 euros, el suministro de material de protección por 85.000 euros y la utilización del complejo deportivo del Fuerte de Rostrogordo como centro de menores por dos millones de euros.
