La CEME exige a la Delegación del Gobierno que la bonificación de la seguridad social vuelva al sistema anterior.
El titular de la entidad, Enrique Alcoba, denuncia que “no hay cosa más peligrosa que cambien las reglas del juego en la seguridad jurídica”, por lo que matiza que este tipo de bonificaciones fiscales “han de blindarse” para evitar que la empresa sufra una incertidumbre que imposibilite las inversiones.
Alcoba ratifica que “no se puede perjudicar a la empresa” porque el contrato que haya efectuado no sea indefinido, por lo que asegura que desde la CEME “no se sienten satisfechos”.
Alcoba denuncia el Real Decreto se llevó a cabo a nivel nacional, “sin tener en cuenta los beneficios fiscales de esa bonificación” en Ceuta y Melilla.
Además, asevera que “los costos salariales de las empresas de España han subido un 18 por ciento desde el 2019”. En esta línea, señala que este convenio se ejecutó sin tener en cuenta “a los principales actores, que son los empresarios”.
Alcoba asegura que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, “está a favor de los trabajadores y en contra de las empresas”, y apostilla que esto tendrá sus consecuencias.
