A punto está de cumplirse un año de la tragedia del intento de salto a la valla de Melilla que se saldó con la muerte de, al menos, 23 inmigrantes y decenas de heridos y la Fiscalía decidió en diciembre de 2022 exculpar al Ministerio del Interior por la actuación de los agentes de la Guardia Civil al no encontrar datos que permitiesen imputarles un delito de homicidio imprudente ni cualquier otro reproche penal. Se emitía así un decreto de archivo de las diligencias de investigación que se abrieron con ocasión de lo sucedido.
Álvaro García Ortiz defiende que la Fiscalía General del Estado investiga «de forma independiente» y que lo hace «con sus propios medios y con su propio encaje constitucional». Asegura que «estamos en el camino que estaba previsto», refiriéndose a la decisión de varias oenegés especialistas en derechos humanos de presentar una querella para solicitar la apertura de una investigación «exhaustiva y pormenorizada» de los hechos ocurridos hace ahora un año en la frontera.
El objetivo de estas organizaciones es que esta investigación se produzca «al amparo del derecho internacional y de los derechos humanos». Rechazan las conclusiones alcanzadas por la Fiscalía General del Estado sobre este caso ya que, a su juicio, ha realizado una investigación «insuficiente para conocer la verdad sobre las graves violaciones de derechos humanos ocurridas aquel día». Aseveran que la Fiscalía «no ha cumplido con los estándares de justicia, verdad y reparación a los que tienen derecho las víctimas y sus familias».
📸 Agencias
