El secretario general de la AUGC (Asociación Unificada de Guardias Civiles) en Melilla ha denunciado la “involución” que se está registrando en los derechos adquiridos de los guardias civiles que está materializando la Dirección General mediante la aprobación de normativas que califica de “muy restrictivas” y que vienen a limitar, aún más, “los escasos derechos laborales de este colectivo”.
A juicio de Sergio Juan Márquez, se está dando “un claro retroceso” en el derecho de asociación profesional y en la representación de los guardias civiles con las normas que se están impulsando. Se le reprocha a la Dirección General, además, que no tenga en cuenta las alegaciones de AUGC al respecto, alegaciones que pasan, entre otras, por el derecho a presentar propuestas y solicitudes sin restricciones innecesarias y la participación de las asociaciones profesionales.
En una entrevista concedida al programa La Mañana de Cope Melilla, Márquez reconoce que el objetivo de la AUGC es que se dé marcha atrás, al entender que las normativas por las que apuesta la Dirección General provocan un claro retroceso para los agentes y no suponen ningún avance en los derechos fundamentales del cuerpo, de ahí las movilizaciones y campañas que se están dando en todo el país.
En este sentido, también ha aludido al hecho de que se haya acordado eliminar la productividad por equiparación, unos 600 euros anuales, y la productividad por trabajador nocturno, unos 400 euros anuales. Márquez asegura que esta medida va a perjudicar a quienes soportan las peores condiciones laborales y critica que haya salido adelante y se haya publicado “sin consenso, ni debate” y después de las concentraciones que se llevaron a cabo en el mes de diciembre para protestar por ellas.
Tras comentar que precisamente la AUGC apuesta por aumentar las productividades de los agentes, Márquez ha señalado que, tras el encuentro que han mantenido esta semana con el SUP y con Comisiones Obreras, la Asociación Unificada de Guardias Civiles se seguirá reuniendo con otros sindicatos y entidades para exponerle la realidad del cuerpo. Apunta, además, que no se descartan emprender acciones judiciales contra estas normas. Adelanta que, si la pandemia lo permite, se organizará una “gran manifestación” en Madrid para inicios de la primavera.