Así lo ha dicho hoy en rueda de prensa Marta Fernández de Castro, quien ayer participó en la reunión con la delegada del Gobierno y técnicos de la Administración General del Estado para ver cómo se puede desbloquear la situación y que en torno a 1.000 personas puedan trabajar.
La consejera ha asegurado que los Planes de Empleo “están en el aire”. De hecho, no ha ocultado su temor a que se pierdan esos 11 millones de euros.
Fernández de Castro está convencida de que la Delegación “va tarde” en este tema, dado que el plazo de ejecución de los Planes de Empleo es de 6 meses y deben estar terminados el 31 de diciembre. Eso significa que deberían empezar el 1 de julio, cosa que ve poco probable a tenor de cómo están las cosas.
En la reunión en la que participó junto a la presidenta de Proyecto Melilla, la delegada les dijo que los 11 millones no se van a perder, dado que pasarían al Tesoro Público. Pero lo que quiere el Gobierno local, ha dicho hoy la consejera, es que ese dinero se quede en Melilla y se emplee en dar trabajo a unas 1.000 personas de la ciudad.
Fernández de Castro insiste en que el Gobierno local está por la labor de hacer cuanto esté en su mano para que los Planes de Empleo de la Delegación del Gobierno se pongan en marcha, incluso aprobando una modificación de crédito para compensar el aumento salarial que recoge la sentencia del Juzgado de lo Social. Lamenta que Delegación haya hecho las cosas “a traspiés” y que estén en riesgo 1.000 empleos.
Y es que, pese a que la Ciudad también ha recibido un revés judicial con sus Planes, los ha llevado a cabo y, de hecho, acabarán en septiembre gracias a la subvención de 5 millones del Gobierno central.
