El presidente Juan José Imbroda determina que la Ciudad Autónoma se personará como acusación particular en la Operación Santiago-Rusadir si se confirma el delito de malversación de caudales públicos.
Defiende que, aunque “lamenta mucho” las detenciones que se han producido en las últimas semanas, se están investigando unos hechos “de carácter muy grave”. Señala que desde el Gobierno local se estará “muy pendiente” para comprobar de qué forma han afectado los presuntos delitos “a los melillenses”.
Señala que “respeta la justicia”, entendiéndola como un “poder independiente” y uno de los tres pilares del Estado. Por ese motivo, confía en que los detenidos se defenderán con “argumentos jurídicos” y no con alegatos “estrambóticos”, al igual que supone que se les ha acusado con fundamentos.