Excelentísimo Señor,
Nos dirigimos a usted como ciudadanos de Melilla, usuarios del sistema sanitario público y miembros del Sindicato Médico de Melilla (SMM), para exponerle una queja por la vulneración del derecho a la protección de la salud que estamos padeciendo los habitantes de estas dos ciudades autónomas, y por la cual ha sido necesario convocar una huelga de médicos de Atención Especializada, 061, SUAP y Atención Primaria, que comenzó el pasado 9 de marzo de 2023 y que aún no ha sido resuelta por el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), organismo dependiente del Ministerio de Sanidad que gestiona las competencias sanitarias en Melilla y Ceuta y que lleva por lo tanto, más de tres meses activa (la más larga del país).
La huelga se originó por la falta de respuesta del INGESA a las demandas de los médicos, entre las que se encuentran: la posibilidad de compatibilizar el ejercicio público con el privado, el aumento del complemento específico y la productividad variable, el reconocimiento y la dotación económica de Melilla y Ceuta como áreas de difícil cobertura y desempeño médico, así como la adopción de medidas para atraer y retener a los profesionales sanitarios en estas dos ciudades (fin último de dichas reivindicaciones), que sufren una escasez crónica y una elevada rotación de facultativos, asi como tasas de envejecimiento de la plantilla de las más altas de España.
Como consecuencia de esta situación, se han cancelado miles de consultas programadas y cientos de intervenciones quirúrgicas, lo que ha provocado un aumento de las listas de espera. Además, la sobrecarga de trabajo ya de por sí excesiva, se ha incrementado, tanto para los médicos, como para el personal de enfermería y auxiliar, lo que pone en riesgo la salud de los profesionales y la seguridad clínica de los pacientes. Todo ello supone una discriminación con respecto al resto de usuarios del sistema sanitario nacional, que gozan de unas condiciones mucho más favorables.
Ante esta grave situación, que afecta al derecho fundamental a la protección de la salud reconocido en el artículo 43 de la Constitución Española y en el artículo 25.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, le solicito que intervenga como alto comisionado de las Cortes Generales para la defensa de los derechos fundamentales y las libertades públicas, conforme a lo establecido en el artículo 54 de la Constitución Española y en la Ley Orgánica 3/1981, reguladora del Defensor del Pueblo.
En concreto, le pido que:
– Inicie una actuación de oficio ante el INGESA y el Ministerio de Sanidad para instarles a que reanuden las negociaciones con los representantes sindicales de los médicos y busquen una solución urgente al conflicto laboral.
– Investigue las deficiencias en la gestión sanitaria del INGESA en Melilla y Ceuta, así como las causas estructurales que provocan la falta de recursos humanos y materiales en estas dos ciudades.
– Formule las recomendaciones, sugerencias o advertencias que considere oportunas para garantizar el cumplimiento del derecho a la protección de la salud de los ciudadanos de Melilla y Ceuta, y para mejorar las condiciones laborales y profesionales de los médicos que prestan sus servicios en estas dos ciudades.
– Promueva las iniciativas legislativas o administrativas que sean necesarias para adecuar el marco normativo y presupuestario a las peculiaridades y necesidades sanitarias de Melilla y Ceuta, y para equipararlas al resto del territorio nacional.
Le agradezco de antemano su atención y su intervención en este asunto, que afecta a miles de personas que ven vulnerado su derecho a la salud. Espero su respuesta lo antes posible.
En Melilla a 20 de junio de 2023
Atentamente,
Leopoldo Rodríguez del Prado y la Comisión Permanente del Sindicato Médico de Melilla
