Tras la denuncia presentada por el Partido Popular (PP) con respecto al contrato del servicio de grúa municipal, la Fiscalía de Melilla determina que, «entendiendo que los hechos pudieran ser constitutivos de un delito de prevaricación administrativa”, el Juzgado de Instrucción incoe las oportunas diligencias previas y se depuren responsabilidades tomando declaración en calidad de investigados al presidente de la Ciudad, Eduardo de Castro, a Julio Liarte, que al principio de la actual legislatura ocupó el cargo de consejero de Hacienda, Economía y Empleo y a Paula Villalobos, que, en su caso, fue consejera de Presidencia, Administraciones Públicas y Regeneración democrática.
Se toma así en consideración la denuncia presentada por el Partido Popular (PP) de Melilla, formación que a través de la diputada Paz Velázquez denunció en más de una ocasión presuntas irregularidades y que se podrían haber cometido supuestos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos en la gestión realizada por el Gobierno que preside Eduardo de Castro. Y es que la Ciudad Autónoma está abonando alrededor de 5 millones de euros al año por este servicio público cuando estaba adjudicado a una empresa por 750.000 euros, un contrato que finalizó en septiembre de 2019.
La diputada del PP explica que este servicio está siendo prestado por tres empresas “y ninguna de ellas bajo el paraguas de un contrato administrativo con la Ciudad Autónoma”.
La anterior adjudicataria dejó de prestar un servicio que suponía un coste para la Ciudad Autónoma de 31.250 euros mensuales. Sin embargo, desde septiembre de 2019, sigue custodiando miles de vehículos retirados por la grúa en un depósito junto al aeropuerto, por el que sigue pasando facturas a la Ciudad Autónoma, de modo que la deuda de la Administración local con esta empresa supera con creces los 4 millones de euros. Las otras dos empresas que se están encargando de prestar el servicio son las dos que resultaron adjudicatarias del contrato de emergencia adjudicado el 21 de octubre de 2019 por el entonces consejero Julio Liarte y que aún hoy está en vigor.
