Agentes de la Policía Nacional han detenido a un empresario y a un intermediario por contratar a trabajadores irregulares «en una obra subcontratada para el acondicionamiento de un edificio público».
Ambos han sido detenidos como presuntos autores de un delito contra los derechos de los trabajadores con respecto a la situación «de explotación laboral» de dos residentes del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), «a quienes habían subcontratado para realizar unos trabajos adjudicados por la Consejería de Medio Ambiente para el acondicionamiento de un edificio público».
Los trabajadores irregulares son dos hombres de nacionalidad marroquí y argelina que trabajaban durante jornadas de más de diez horas seguidas, «con un descanso de unos quince minutos», por un salario de 30 euros diarios.
Además de la inexistencia de contrato de trabajo y demás derechos legalmente reconocidos a cada trabajador, los dos ciudadanos extranjeros carecían de Equipos de Protección Individual (EPI), como ropa de trabajo adecuada, protección ante productos tóxicos o cualquier otro elemento de prevención de riesgos laborales, «así como mascarillas quirúrgicas o de protección sanitaria en consonancia con las normas de salubridad imperantes con motivo de la COVID-19».
