El consejero de Hacienda, Economía y Empleo está redactando una nueva normativa, que pasará posteriormente por Consejo de Gobierno, para crear un procedimiento que facilite a los empleados públicos de la Ciudad Autónoma actuar ante la reclamación de una factura impagada por parte de una empresa. Julio Liarte ha asegurado que se trata de poner orden donde antes había caos.
Este ha sido uno de los asuntos abordados hoy en la reunión mantenida con los empresarios de la ciudad, a petición de la CEME, para hablar de las facturas impagadas por la Administración.
Este encuentro se enmarca en el grupo de trabajo organizado con los empresarios para tratar la contratación pública. Según Liarte, actualmente existen facturas sin pagar desde el año 2011, facturas que corresponden a anteriores Gobiernos y que el actual Ejecutivo intentará abonar a la mayor brevedad posible.
Así las cosas, las facturas se enmarcan en dos bloques. El primero de ellos, por importe superior a 1,2 millones de euros, se abonarán a finales de este mes o principios del siguiente dentro de una cuenta 413 que está sujeta a la tramitación de una modificación de crédito.
Por lo que respecta al segundo bloque, Liarte ha comentado que se trata de facturas que no cuentan con ningún tipo de contrato o expediente que las sustente. No obstante, deja claro que al ser servicios que ya se han prestado la Administración los abonará, aunque habrá que exigir posteriormente responsabilidades políticas.
