Los abogados de la defensa de los miembros de CpM afectados por el auto de ingreso en prisión provisional en el marco de la Operación Santiago-Rusadir responden que la relación con la etnia o el origen de los detenidos la establece la propia titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Melilla y no los letrados.
Isaac Fernández se muestra sorprendido porque el vicepresidente primero de la Ciudad Autónoma se haya pronunciado públicamente afirmando que es “un error” entablar este vínculo con la religión que profesan los detenidos, cuando es algo que se establece en el auto judicial en el que cree que “hay una discriminación” y considera “lamentable” que Miguel Marín “se aproveche políticamente del sufrimiento de seis personas”.
Mohamed Bussian comparte la opinión de su compañero y se pregunta si para Miguel Marín es necesario que se prive de libertad a los cientos de musulmanes simpatizantes de CpM o a las más 40.000 personas que conviven en Melilla y que son de origen amazight. Apunta el abogado de la defensa que escuchar estas declaraciones públicamente es “insostenible, inadmisible e infumable”.
Afirma que el popular ha “desaprovechado una ocasión para solidarizarse con sus compañeros” que sufren un trato que podría ser discriminatorio y que debería defender que “nadie pueda ver restringida su libertad por su etnia, origen o cultura” porque, determina, “todos somos iguales en dignidad y derecho”.
