Los funcionarios de la Administración de Justicia harán parones totales a lo largo del mes de mayo para pedir que se negocie la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa (LOEO) con las organizaciones sindicales y que se establezca un incremento económico “acorde con la subida que han tenido los letrados”.
Destacando que se trata de un asunto que afecta a unos 200 funcionarios, Ángel Castillo señala en los micrófonos de COPE Melilla que la normativa supondría “un grave riesgo para los puestos de trabajo, los destinos y las retribuciones de las guardias”. Apunta que, aunque no se ha llegado a un acuerdo con el Ministerio de Justicia, los grupos parlamentarios del Partido Popular, Ciudadanos y Podemos sí apoyan que se paralice.
Resalta el delegado sindical de CSIF que “el segundo punto clave de la huelga” es conseguir una cuantía económica acorde a la que se ha estipulado para los letrados, quienes, dice, han alcanzado en los últimos dos años un incremento de 650 euros mensuales cuando “hay funciones que las asumen los funcionarios”, como estar presente en “las conciliaciones o en las declaraciones de los juicios”. En este sentido, cree que se deberían definir “cuáles son las funciones de los letrados y las del resto de cuerpos” para su posterior modificación.
Lamenta que no se ha determinado una fecha de reunión con la ministra Pilar Llop para negociar estas “reivindicaciones plenamente justificadas”. Asegura que continuarán con las movilizaciones si no les convoca o si no les presenta “una propuesta que les satisfaga”.
Recuerda que las siguientes concentraciones serán los días 4, 9, 10, 11, 16, 17 y 18 de mayo y calcula que serán unos 40 funcionarios los que las secundarán “porque los servicios mínimos que se han impuesto son abusivos”.
