Los funcionarios de la Administración de Justicia de Melilla han secundado hoy una jornada de paro general. Protestan contra el Gobierno de Pedro Sánchez “por haber tratado como funcionarios y funcionarias de segunda” al 93 por ciento del personal de la Administración de Justicia, “que lleva el peso fundamental del trabajo y elevando las retribuciones de sólo el siete por ciento restante, el correspondiente al cuerpo de letrados”.
Aseverando que “no se reconoce la responsabilidad, profesionalidad y especialización, así como las funciones reales de los cuerpos generales, especiales y médicos forenses”, se subraya que se pretende imponer “sin negociar” la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa (LOEO), “poniendo en riesgo puestos de trabajo, destinos, movilidad voluntaria, retribuciones y funciones concretas”.
Se reivindica la paralización de la tramitación parlamentaria de esa ley hasta alcanzar un acuerdo en la Mesa Sectorial de Justicia, el reconocimiento profesional y retributivo de las funciones que realmente realizan todos los cuerpos funcionariales y el incremento del complemento general del puesto para todos los cuerpos generales y especiales y para todos los ámbitos territoriales, ya tengan o no transferidas las competencias.
Hablamos de 430 euros mensuales para médicos forenses y facultativos del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, de 400 euros mensuales para el Cuerpo de Gestión y Técnicos Especialistas de Laboratorio, de 375 euros mensuales para el Cuerpo de Tramitación y Ayudantes de Laboratorio y de 350 euros mensuales para el Cuerpo de Auxilio Judicial. Asimismo, exigen la eliminación de las diferencias retributivas derivadas de los grupos de población, “elevándolas a las que se perciben en el Grupo 1” y que se establezcan “por Real Decreto” los criterios y cuantías mínima del complemento de carrera profesional.
