Miguel Marín insiste en que es un error que la defensa quiera establecer una relación entre el caso judicial y la religión de los exconsejeros detenidos y aclara que el Gobierno de la Ciudad Autónoma “no se alegra de la situación de estas personas que están privadas de libertad”.
El vicepresidente del Ejecutivo local “detesta” esta forma de actuar porque, por segundo día consecutivo, cree que se debe “desvincular por completo” la actuación judicial con el origen de las personas detenidas porque “ese argumento no se sostiene” ya que otros compañeros han permanecido en libertad.
Explica que al Gobierno de Juan José Imbroda le “entristece todo lo que esta sucediendo” y que viene derivado de unos hechos “presuntamente delictivos que se están investigando”. Defiende que hay que “dejar que el poder judicial actúe con independencia” y que no se produzcan estas interferencias en las investigaciones que se están desarrollando.
Critica que se están “mezclando cuestiones étnicas y religiosas” con un procedimiento judicial con el objetivo de producir “distorsión y enfrentamientos” entre la población melillense. Insiste en la necesidad de tener que desvincular esta cuestión de la gestión política que está siendo objeto de un operativo policial.
