El juez decano de Melilla no tiene ninguna duda de que la declaración del Estado de Alarma es “el marco jurídico adecuado” para que las diferentes comunidades y ciudades autónomas puedan adoptar una serie de medidas restrictivas para frenar los contagios por coronavirus, medidas como el “toque de queda”, la limitación de movilidad o del derecho de reunión.
En declaraciones a COPE Melilla, lo que sí ha matizado es que cada 15 días se tendrá que ir renovando la declaración del Estado de Alarma en el Congreso porque “la ley no puede dar carta blanca a ningún Gobierno” para que “convierta en regla lo que es una excepción”.
Tal y como está redactado el decreto del Estado de Alarma, apunta Portillo, compete al presidente de la Ciudad Autónoma, en este caso a Eduardo de Castro, la decisión de limitar la movilidad en Melilla. Eso sí, subraya, deberá hacerlo en “coordinación” previa con el Gobierno central.
Preguntado por qué aspectos le han llamado más la atención del decreto que ha emitido el Ejecutivo de Pedro Sánchez, Portillo ha explicado que, a diferencia de la orden de marzo, en este real decreto se prescinde de tener que contar con la ratificación judicial para poder poner en marcha aquellas medidas que planteen las comunidades y ciudades autónomas para frenar la curva de contagios. Se evitarían así situaciones como las vividas en Melilla en el mes de agosto, cuando la justicia echó para atrás algunas de las propuestas de la Ciudad como, por ejemplo, la de confinar el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes.
No obstante, el juez decano ha matizado que, si alguna persona considera que el Gobierno se ha excedido y extralimitado en las medidas a aplicar, porque no se circunscriben a la declaración del Estado de Alarma, podrá recurrir la decisión del Ejecutivo y presentar el recurso correspondiente para acabar en los tribunales de lo Contencioso Administrativo.
Sobre si cree que es normal que el Gobierno de Pedro Sánchez haya anunciado la declaración del Estado de Alarma para 6 meses, el juez decano ha insistido que, independientemente de que esta sea la voluntad política del Ejecutivo, no se puede obviar que esta situación “excepcional” del país deberá ser sometida al escrutinio del parlamento cada 15 días.
Fernando Portillo señala que “mal mensaje estamos mandando a la sociedad si estamos ya dando por supuesto” que el estado de alarma se va a prolongar tanto tiempo, sobre todo, dice, porque se desconoce qué situación habrá dentro de 6 meses.
