Manuel Ángel Quevedo considera que es “absurdo” que el consejero de Medio Ambiente le recrimine al Gobierno de Imbroda que se haya marchado del Ejecutivo sin antes haber elaborado los pliegos del nuevo contrato de explotación del vertedero de inertes, un contrato que finalizó el pasado 6 de abril y que ha tenido que ser recientemente prorrogado.
El vicesecretario de Infraestructuras, Proyectos y Política Medioambiental del PP de Melilla entiende que “lo normal” hubiera sido preparar toda esta documentación en el mes de septiembre u octubre y no antes. Insiste Quevedo en que es algo que tiene que hacer el partido que esté en el Gobierno y ese no era, ha dicho, el Partido Popular que abandonó la Administración, recuerda, el día 15 de junio.
El popular entiende que no “hubiera tenido sentido” el elaborar este contrato en el mes de mayo, casi un año antes de que finalizara, sin saber si su formación iba a estar en el Gobierno de la Ciudad tras las elecciones autonómicas. Quevedo señala que el Partido Popular tenía la intención de realizar una encomienda de gestión a Remesa para el control de este vertedero de inertes.
Si el Partido Popular ha apostado por esta encomienda de gestión es por dos motivos: porque el vertedero se esté “colapsando” (y le queden 4 o 5 años de vida) y porque es Remesa quien gestiona prácticamente todos los residuos de la ciudad, salvo los inertes.
Quevedo sostiene que, teniendo en cuenta ambos aspectos, es más necesario que nunca que de ese vertedero de inertes salgas productos” para obras de construcción y otros trabajos con el objetivo de ir liberando espacio. Entiende el popular que esta actuación es mucho más fácil llevarla a cabo desde una política pública “donde no importe tanto el beneficio económico”.
Lo que tiene claro el vicesecretario de Infraestructuras, Proyectos y Política Medioambiental del PP de Melilla es que el consejero de Medio Ambiente no puede culpar de nada al Partido Popular. De hecho, Quevedo le reprocha a Hassan Mohatar que su área esté presentando proyectos, tanto de obras como actuaciones relacionadas con el agua, que ya dejó encauzados el PP.