José Ronda lamenta que la Fiscalía de la Audiencia Nacional haya considerado que las obras que el Ministerio del Interior, enmarcadas en el ámbito de la seguridad, está realizando en la zona de Aguadú “son correctas”, a pesar de haber aportado informes medioambientales que certifican que los trabajos estaban afectando a un 65% de esta Zona de Especial Conservación.
Se trata de un proyecto que desde la Consejería de Medio Ambiente y Naturaleza se había exigido su paralización y revisión para poder respetar la flora existente al haber podido certificar desde varias asociaciones ecologistas que la maquinaria estaba arrasando con la vegetación existente en 27.000 metros cuadrados.
Precisamente, la Universidad de Granada (UGR) elaboró un estudio en el que destacó que, “erróneamente y ante la falta de información científica anterior”, los encargados de la obra pensaron que las especies de mayor tamaño no debían ser eliminadas y se centraron en el desbroce de otros ejemplares que consideraron muertos por su sequedad y su aspecto porque podrían tratarse de “especies invasoras” cuando, realmente, son plantas autóctonas en peligro de extinción.
