Somos Melilla denuncia que el Gobierno de Juan José Imbroda haya permitido que la empresa Alvalop, adjudicataria de servicios públicos como las ludotecas, el punto de encuentro familiar, las aulas matinales y de conciliación, entre otros servicios, “no pague en tiempo y forma las nóminas de sus trabajadoras”. Más de un centenar de empleados, apunta, se están viendo afectados por esta situación.
Jadu Driss, secretaria de Economía y Política Institucional, ha asegurado que esta situación es “insoportable” para las familias, ya que algunas se han tirado hasta tres meses para cobrar sus nóminas. Apunta que así se lo han trasladado a la formación las propias trabajadoras de la empresa “de forma anónima” porque que temen represalias por parte de la empresa. De hecho, señala que dos empleadas fueron despedidas justo antes de sus periodos de prueba por preguntar sobre cuántos días de asuntos propios tenían para poder conciliar su vida laboral y personal.
Jadu Driss, que señala que el Partido Popular fue muy crítico en la oposición con la gestión de las ludotecas, indica que desde que el PP ha llegado al Gobierno no ha hecho “más que poner parches”. Señala que ha firmado numerosos contratos menores con Alvalop y que ahora se encuentra en proceso de licitación el contrato mayor para la gestión de las ludotecas.
“El pliego del concurso para las ludotecas tiene muchos puntos cuestionables. Se reduce el número de usuarios, el número de horas de servicio, el número de horas de contratos de los trabajadores, pero se aumenta el precio en más de un millón y medio de euros”, matiza.
En cuanto a las aulas de conciliación, desde Somos Melilla critican que la empresa Alvalop esté aplicando un convenio laboral para las empleadas “que es menos favorable para ellas”. La formación tilda de “intolerable” que, una vez adjudicados los servicios públicos a empresas privadas, la Administración no fiscalice la ejecución de los contratos.
Desde Somos Melilla exigen al Gobierno de la Ciudad Autónoma que sea vigilante ante este y otros contratos para evitar el maltrato de trabajadores que prestan servicios públicos que favorecen al conjunto de la ciudadanía.
