El secretario general de UGT ha anunciado esta mañana que el sindicato no descarta iniciar movilizaciones en caso de que el Gobierno local no responda, en un plazo de 10 días, a las reivindicaciones de los empleados públicos de la Ciudad, reivindicaciones que pasar por impulsar una nueva valoración de puestos de trabajo, respetar el acuerdo que se firmó con la Policía Local en mayo de 2019 y volver al acuerdo marco y convenio colectivo que estaba en vigor (2012).
Francisco López considera que el Ejecutivo tripartito, después de un año de gobierno, ha tenido tiempo suficiente para satisfacer todas estas demandas. El sindicalista considera que la Administración local no está tratando a los empleados públicos “como ellos se merecen”.
El secretario general de UGT es consciente de que la Ciudad ha hecho un importante esfuerzo para hacer frente a la pandemia del coronavirus ayudando a las familias y empresas, pero considera que los empleados públicos no pueden ser menos y que sus necesidades tienen que ser también atendidas. Francisco López señala que hay entre 1.800 y 2.000 funcionarios que bien podrían ayudar, a través del consumo, a reactivar la economía local.
Lo que no es de recibo, apunta el sindicalista, es que a estas alturas del curso político el Gobierno local no haya impulsado la nueva valoración de puestos de trabajo y que se desconozca cuál es el “montante de masa salarial” disponible para poder negociar esta actuación.
Sobre el acuerdo que se firmó en mayo de 2019 con la Policía Local, recuerda Díaz que se trata de un acuerdo que se suscribe con la Administración “no con ningún partido político”.
Por su parte, Francisco Téllez, secretario de Organización de UGT en el Ayuntamiento, ha criticado la falta de coordinación que existe en la Ciudad Autónoma, una coordinación que varía dice, en función de la consejería en la que se esté o del director general. Como ejemplo, ha aludido al hecho de que los funcionarios tengan diferentes horarios de entrada y salida o que se esté obligando a los trabajadores a coger vacaciones entre los meses de julio y agosto, “algo que no está contemplado en ningún convenido” y se trata de una decisión unilateral por parte del Ejecutivo.
Por todo lo expuesto, y tras haberle remitido varios escritos al Gobierno de Eduardo de Castro, UGT pide al Ejecutivo que atienda todas las demandas de los empleados públicos. De lo contrario, ha dicho, se celebra una asamblea y no se descartarán las movilizaciones.
