Un grupo de 250 personas de toda España han asistido a la I Marcha por la Justicia que ha comenzado frente al Hotel Melilla Puerto y ha concluido en el paso fronterizo de Barrio Chino donde este sábado se cumplía el primer aniversario de la muerte de un número indeterminado de personas y la desaparición de decenas de inmigrantes que el 24 de junio de 2022 trataron de superar el perímetro fronterizo que separa Melilla y Marruecos.
Se reclama “una investigación exhaustiva y transparente” que sirva para identificar a todos los inmigrantes a los que aún sus familiares no han podido localizar ni vivos ni muertos y que se “depuren responsabilidades” exigiendo la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Además, esta se ha considerado como “una de las mayores violaciones de derechos humanos y fundamentales” de la Frontera Sur de Europa.
Loueil Mint El Mamy, abogada saharaui, considera necesario que un año después se continúe recordando “esas vidas que se cobraron” el 24J con “más de 37 personas asesinadas y más de 76 desaparecidas”. Con este movimiento se pretende “evitar la impunidad” porque, señala, existen unos “responsables claros” y, por este motivo, hay que seguir denunciando las muertes en el mar, en los océanos y en las vallas.
Se trata de un movimiento con decenas de oenegés adheridas, más de 150 personas que han viajado de diferentes puntos de España y más de 200 asociaciones que se han unido al manifiesto que se leyó en las puertas del puesto fronterizo de Barrio Chino, donde se guardó un minuto de silencio, se leyeron los nombres de los fallecidos y desaparecidos y se pusieron flores en su alambrada. Cabe destacar la escasa participación de la sociedad melillense en esta iniciativa donde, prácticamente la mayoría de los asistentes, eran ciudadanos de otros territorios.
Javier Raboso, portavoz de la Caravana Caminando Fronteras, recuerda que el perfil de las personas que llegaron hasta Melilla hace doce meses correspondía en un 30% a menores de edad que “deben gozar de una protección especial” y en su mayoría de origen sudanés, un territorio que cuenta con “una grave crisis económica y política” y que son susceptibles de solicitar asilo o protección internacional. Lamenta que “la mayoría de ellos no pudieron y otras tantas personas fueron devueltas por el Estado español, incumpliendo los compromisos en derecho internacional”.
Una situación que se corrobora con las imágenes que se han publicadode lo acontecido el 24 de junio de 2022 y en las que “se demuestra perfectamente que se han dado esas devoluciones”. Por este motivo, se exige el cese de Marlaska y que, por ende, no se vuelva a presentar a las próximas elecciones.
Sani Ladan, activista camerunés, pide que se “depuren las responsabilidades” porque “siempre sabemos las víctimas, pero también hay verdugos”. Reclama que se realice una “investigación libre, transparente y exhaustiva” porque apunta que se ven indicios suficientes como para que este caso no quede archivado por la Fiscalía General del Estado.
Asimismo, reclama que se creen mecanismos entre España y Marruecos para favorecer la labor de búsqueda de las familias que aún no han podido localizar a los desaparecidos o identificar a muchos de los muertos que aún permanecen en la morgue.
Explica que algunas organizaciones, paralelamente, han realizado movilizaciones al otro lado de la frontera, en Nador, para reclamar que se cumplan los Derechos Humanos.
