Una auditoría de contraste solicitada por la Autoridad Portuaria sobre el proyecto de construcción de la estación marítima señala que la obra sufrió un sobrecoste de casi 9 millones de euros, el plazo de ejecución fue casi del doble y las calidades de los materiales fueron menores de las contratadas. Víctor Gamero, que califica este informe de “demoledor”, ha avanzado que esta información se ha puesto en conocimiento de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), la Administración de justicia, el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude (IGAE) y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para que tomen las medidas que consideren oportunas.
El presidente de la Autoridad Portuaria ha explicado que esta auditoría se solicita después de tener conocimiento por la prensa de que la Audiencia Nacional interroga a imputados por el caso OHL, procedimiento en el que también se ha personado. Como ha recordado, la obra se adjudicó por 14,9 millones, sufrió un primer modificado por importe de 3,2 millones, otro complementario de 2,9 millones, una revisión de precios por 1,3 millones y varias liquidaciones que incrementaron el coste total del proyecto un 77 por ciento.
Según el informe, los cambios en la cimentación de la estación incrementaron el coste en un 240% y se realizaron sin proyecto técnico, sin crédito y sin la aprobación correspondiente. Víctor Gamero ha detallado que también se realizaron modificaciones en la cubierta, el cerramiento exterior y la ubicación de la climatización, que pasó de la primera planta al tejado, destrozando el “skyline” de Melilla la Vieja. Todos estos cambios incrementaron el precio final del proyecto.
En sus conclusiones, la auditoría recoge que el proyecto modificado desvirtúa el diseño inicial aprobado mediante concurso de ideas y deja sin sentido el principio que rigió en la contratación de la obra, supuso un sobrecoste de 8,7 millones de euros y un incremento del plazo de ejecución, que pasó de 17 a 36 meses. Además, se certifican unidades de obra no realizadas, se llevan a cabo actuaciones sin permiso del órgano de contratación y se pagan importes indebidos al contratista.
