Preguntado por la situación de los trabajadores de la Piscina Municipal que denuncian que llevan meses sin cobrar, el consejero de Infraestructuras, Urbanismo y Deporte, Rachid Bussian, ha remarcado que ninguno de ellos ha denunciado su situación ante las autoridades laborales pertinentes.
No obstante, el cepemista deja claro que, “ante ese presumible incumplimiento del contrato”, la Ciudad Autónoma le ha abierto un expediente de recisión a la empresa que se encarga de la gestión de estas instalaciones, empresa que no se encuentra ubicada en Melilla y que ha tenido cambios varios en su gerencia en los últimos meses.
Bussian, que ha subrayado que la Administración local le paga a la empresa de manera puntual todos los meses, ha recordado que ha podido conocer de primera mano la situación de los trabajadores porque se ha reunido con ellos en reiteradas ocasiones. Dice que gracias a esas gestiones que han realizado han podido cobrar muchos de los atrasos que se les debían.
El consejero insiste en que el Gobierno quiere rescindir el contrato y espera que se haga efectivo en las próximas semanas. Aclara que, mientras que el servicio sale de nuevo a licitación, se apostará por “un contrato puente” para que los trabajadores puedan cobrar “en tiempo y forma”.
Sobre las obras todavía pendientes en la piscina, Bussian ha responsabilizado al anterior Gobierno del PP del mal estado en el que se encuentran estas instalaciones. El consejero critica que el Ejecutivo del Partido Popular vendiera una “obra faraónica” a los melillenses «cuando no se ha procedido a una reforma integral de estas dependencias y lo único que se ha hecho es una actuación para poder regular la temperatura».
Además de las filtraciones, dice que se han encontrado con unos vestuarios “prácticamente tercermundistas” y con unos pódiums que no son acordes con los que se requieren en este tipo de instalaciones.
No olvida el hecho de que haya llegado defectuosa una partida de tubos de acero inoxidable que se requieren para la canalización de la piscina. Puntualiza que eso va a suponer un coste adicional de entre 200.000 y 300.000 euros, cuantía, dice, que el Gobierno local no quiere pagar. Por eso, se ha exigido la devolución de la fianza para no tener que llegar a los tribunales.
