Se aprueba por mayoría absoluta el convenio de colaboración entre el Consejo de Transparencia y la Ciudad Autónoma de Melilla mediante el que se le atribuye al Consejo la competencia para las reclamaciones previstas en relación al acceso a la información pública y buen gobierno.
José Miguel Tasende, diputado del Grupo Mixto, ha celebrado que esta firma permita que los expedientes los revise un organismo especializado, y no un tercero, y apunta el “gasto ínfimo” que precisa la puesta en marcha.
En esta línea, el líder de Vox Melilla sugiere “la creación de una oficina independiente antifraude”.
Por otra parte, el también diputado del Grupo Mixto y presidente de Somos Melilla, Amín Azmani, lamenta que el convenio no sea efectivo puesto que, asegura, “lo que diga el Consejo no es vinculante”, y condena que “la CAM nunca contesta”, “prevalece el silencio administrativo”, ha apostillado.
Asimismo, condena que “el 60 por ciento de solicitudes de los ciudadanos que registra la Ciudad Autónoma no son respondidas”. Azmani matiza que la Consejería de Políticas Sociales no ha respondido a ninguna de estas solicitudes.
Como respuesta, la consejera de Presidencia, Marta Fernández, alega el esfuerzo de la Administración local por llevar a cabo estas respuestas de manera ágil, ratificando la efectiva competencia del Consejo de Transparencia. “Intentamos contestar cuando nuestro volumen de trabajo nos lo permite”, ha señalado.
