Juan Ángel Berbel es partidario de que las aulas modulares de Santiago sigan teniendo una finalidad educativa, máxime si se tiene en cuenta la inversión realizada de algo más de dos millones de euros y un periodo de “vida útil” de entre 20 y 25 años, “fácilmente”.
El director provincial de Educación entiende que se puede seguir dando una finalidad educativa a esa parcela “mientras se toma una decisión definitiva” teniendo en cuenta también que en la ciudad hay del orden de 350 familias que no obtuvieron plaza en las escuelas infantiles.
De igual modo, plantea que a estas aulas modulares se les pueda dar “una finalidad social” como centro para atender “en periodo no lectivo” a personas con diversidad funcional.
Asimismo, el director provincial de Educación aclara que la zona donde se levantaron las aulas prefabricadas “se perimetró con un muro que delimita por los cuatro costados”. Matiza que tan sólo se han ocupado dos mil de los 50.000 metros cuadrados con los que cuenta la parcela. Por lo tanto, subraya que una posible urbanización no perjudicaría “para nada” la actividad que en esas aulas se pudiera llevar a cabo, “ya sea educativa o social”.
Por último, remarca que la titularidad de los colegios públicos de Educación Infantil y Primaria y de los centros de educación especial pertenece a las corporaciones locales y ayuntamientos, es decir, a la Ciudad Autónoma, “que es la que se encarga de pagar toda la carga tributaria de los inmuebles, mantenimiento de luz, agua y demás”.
